Acreditación y calidad en la enseñanza superior

Por. Dr. Guillermo Bravo Acevedo

 

Como es por todos sabido estamos viviendo en la “sociedad del conocimiento”, donde la posibilidad de crear riqueza y de mejorar la calidad de vida depende, cada vez más, de la capacidad de generar, incorporar, utilizar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

Las instituciones de educación superior y, en especial, las universidades no están exentas de las repercusiones de estas “megatendencias” y en todo el mundo se encuentran obligadas a renovarse y reorganizar sus estructuras académicas y de gestión frente a las nuevas demandas, preocupaciones e intereses de una sociedad que se encuentra en constante cambio.

Por su parte, el Estado también ha debido reorientar sus políticas públicas con respecto a los centros superiores de enseñanza y, sobre todo, frente a las universidades estatales o públicas y los procesos de acreditación. Bajo este marco, la acreditación es entendida como el acto por medio del cual el Estado hace público el reconocimiento a una institución universitaria, de acuerdo al informe emitido por un organismo evaluador, sobre la calidad de los programas académicos, la organización y funcionamiento y el cumplimiento de la función social de dicha institución. Los objetivos que guían estas acciones del Estado se sustentan en tres premisas:

1.  Las instituciones de educación superior son corporaciones de responsabilidad pública y deben ser evaluadas para conocer el grado de cumplimiento de su misión institucional.

2.  Las instituciones de educación superior reciben fondos públicos y deben rendir cuentas ante la sociedad y el Estado de su adecuada administración y del servicio educativo que prestan.

3.  Las instituciones de educación superior deben preocuparse por fomentar políticas de calidad respecto de la formación de profesionales.

La aplicación de estas políticas estatales, que autorizan a un organismo ajeno a la comunidad universitaria a realizar evaluaciones y recomendar cambios en la gestión institucional, han traído como consecuencia un cierto debilitamiento de la autonomía académica frente al fortalecimiento del rol gestor del Estado.

La consecuencia recién señalada no ha sido obstáculo para que en estas corporaciones, tanto el gobierno central como la comunidad académica, estén seriamente pensando en el aseguramiento de la calidad como un proceso de mejoramiento permanente que posibilite el fortalecimiento de la imagen institucional y sea una vía segura para posicionarse con ventajas comparativas y competitivas en el mercado de la educación superior

Con todo, quiérase o no, la ausencia de acreditación para una institución de educación superior será difícil de justificar en el futuro, sobre todo si esa institución quiere hablar de la calidad de sus servicios.

Entonces, cabe preguntarse ¿Qué se entiende por calidad?. Primero, habría que precisar que este concepto es polisémico y puede ser aplicado a variadas actividades humanas. Segundo, puede ser concebido como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Tercero, el término podría ser considerado como la percepción que el cliente tiene de un producto o servicio. Cuarto, se entiende como un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.

En esta disyuntiva conceptual, es fundamental que en cada Institución se adopte un criterio propio para instrumentalizar el significado de la palabra calidad de acuerdo al perfil del egresado y al contexto de la formación profesional que indica el modelo curricular. También, para esta adopción se debería considerar que la calidad tiende a establecer la capacidad que tiene un producto o servicio para satisfacer las necesidades del cliente o usuario.

Adoptado el concepto de calidad y consensuado con la comunidad académica, es ineludible que en cada corporación de educación superior se cuente con un sistema de mejora continua de la calidad. Este sistema podría ser definido como aquellas acciones que determinan que el servicio educativo que se presta cumple con determinados requisitos de calidad. Si estos requisitos reflejan completamente las necesidades de los estudiantes se podría decir que se cumple con el propósito de aseguramiento de calidad.

Este sistema de mejoramiento continuo de la calidad debe estar sostenido por un Modelo de Gestión de Calidad (MGC), sobre bases de normas internacionales, que de una u otra manera fije todos los aspectos que involucran la calidad y anticipen las condiciones de su perfeccionamiento.

El principio básico de este MGC debería ser la retroalimentación. Para mejorar continuamente los servicios que la institución presta a los estudiantes sería óptimo y necesario conocer como están recibiendo los estudiantes dichos servicios.

De este modo, el MGC debería considerar el perfil del egresado, la malla curricular, los diferentes objetivos de las carreras, los distintos métodos de enseñanza, las prácticas docentes, la contribución de la asignatura o curso a la formación integral del estudiante, entre otros aspectos con que puede ser evaluada la calidad.

No obstante, para tener un modelo más completo, el MGC también debería definir procesos, tales como la provisión de la capacidad pedagógica de los educadores; el desarrollo, revisión y actualización de planes y programas de estudio; la admisión y selección de candidatos; el seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación final aplicada para otorgar al educando un grado académico.