Por Karel Blaha, 28 de mayo 2018[1]

El 27 de febrero del 2018, la entonces presidenta Michelle Bachelet, en relación a la creación de seis nuevas áreas marinas protegidas y parques marinos, declaraba: “la colaboración entre el Estado y la sociedad civil permitió alcanzar cifras en conservación que no tienen precedente reciente. Al inicio, en torno al 5 por ciento del mar y tierra de Chile estaba protegido; hoy llegamos a casi 38 por ciento”1.

Lo anterior, sin duda, por cualquier ciudadano común puede ser visto como un motivo de orgullo y satisfacción, al pensar que con esta denominación de diferentes extensiones de mar estaremos preservando zonas especiales de la depredación, la contaminación y/o la degradación de la flora y fauna marina existentes.

Pero el tema en cuestión no pasa solo por la buena intención, sino que requiere y más aún, exige necesariamente la adopción de medidas tangibles y prácticas que realmente materialicen una adecuada y efectiva protección de tales áreas para que se produzca el efecto deseado.

Las interesantes cifras iniciales serán solo buenas intenciones si no se llevan adecuadamente a la práctica mediante acciones reales de protección lo que necesariamente implica ejercer la supervigilancia, estudio, conservación y salvaguarda de las aguas, la flora y la fauna marina en los citados sectores declarados.

Materializar estas intenciones implica necesariamente desarrollar capacidades para ejercer la protección de estas áreas, inicialmente al menos con presencia física permanente y evidentemente, como son zonas marinas, con capacidades de efectuar patrullajes y observación continua. Como resulta obvio, la única forma de efectuar estas acciones pasa por contar con medios marítimos y aéreos capaces de recorrer las extensiones protegidas en forma periódica, los que además de vigilar su integridad, deben contar con capacidades de efectuar observaciones y mediciones para llevar a unidades cuantitativas y cualitativas los parámetros que sea conveniente y que permitan realmente asegurar la conservación y/o adoptar medidas de mitigación cuando alguna de las condiciones protegidas se vea amenazada.

Es entonces cuando aparecen una serie de inquietudes asociadas a estas declaraciones, que sería necesario considerar para iniciar el camino de intentar alcanzar la real capacidad de materializar la deseada protección de las áreas definidas bajo esta condición.

El desarrollo de infraestructura para ejercer presencia, capacidad de investigación, capacidades de obtención periódica de muestras y sus correspondientes análisis, capacidad de patrullaje y observación permanente, son entre otras, medidas mínimas a materializar si se pretende realmente lograr la protección requerida en estas zonas escogidas.

Preguntas que aparecen en forma espontánea para cualquier observador dicen relación con: ¿Cuál será el organismo del estado encargado de planificar y dirigir los esfuerzos para asegurar la protección deseada? ¿Qué recursos se requerirán y quién los asignará para ejecutar las tareas asociadas a la protección? ¿Quién coordinará las actividades y las acciones de los medios participantes en actividades de protección? ¿Qué organismos del Estado tendrán responsabilidades y participación en las labores de protección que se determine?. Estas y otras tantas inquietudes debieron tener a lo menos una respuesta al momento de asumir las obligaciones que implica la declaración de una obligación voluntariamente adjudicada.

En una primera y muy somera aproximación aparecerían: la Armada, Sernapesca, Medio Ambiente, Instituciones de Investigación, Conaf y hasta tangencialmente el MOP, Minsal y otros organismos tanto estatales como privados que eventualmente tendrían relación con la determinación de acciones o medidas a adoptar para asegurar la protección de los parques y áreas marinas protegidas declaradas por el gobierno.

Entonces es cuando observamos que la declaración de éstas y quizá otras tantas áreas protegidas que se declaren en el futuro, obedeciendo sin duda alguna a una mirada preocupante del avance de la degradación de nuestros mares, no solo tiene, sino que debe estar comprometida con medios y recursos para que las organizaciones que tendrán la tarea de accionar puedan efectivamente cumplir su cometido, ejerciendo una adecuada y real protección de ellas, y de ese modo acercarse a lograr los efectos deseados con su promulgación.

Si no se comprende esta dimensión de la materialización de tales medidas y solo se pretende ampliar las tareas de los organismos existentes, entonces estaremos en presencia de una muy buena intención pero que lamentablemente al final solo quedará en eso.

¿Qué protección es la que pretendemos lograr en cada una de estas zonas? ¿Serán las mismas acciones requeridas en todas ellas o cada una, dependiendo de sus particularidades, presentará demandas diferentes? ¿Bastará con un mismo tipo de medios para ejercer la protección esperada en cada una, o dependiendo de sus características propias generará necesidades particulares?

Sin duda el problema es muy diverso. Como podrá comprenderse en forma simple, la protección de un área marítima insular como Isla de Pascua o el archipiélago de Juan Fernández serán muy diferentes a la necesidad de proteger un parque marino como el Cabo de Hornos. Chile ha declarado una superficie de 1,3 millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas protegidas y hasta la fecha no ha destinado ningún nuevo medio material, como buques o aeronaves para ejecutar tareas dedicadas a la protección y tampoco se conocen medidas específicas definidas para determinar parámetros de control de algún fenómeno de interés2.

Al parecer, con las declaraciones efectuadas por el gobierno, con las que se ha incluso obtenido un importante reconocimiento internacional, no se ha generado un cambio en el accionar de los organismos estatales ni privados asociados al tema, que demuestre un real avance en materia de protección de estas áreas marinas protegidas. La declaración y las buenas intenciones, no se han traducido en un real cambio ni desarrollo de infraestructura material ni organizacional para intentar alcanzar los efectos pretendidos.

De mantenerse esta situación, todo lo realizado hasta la fecha no pasará de ser una muy buena iniciativa y asumida con las mejores intenciones pero que lamentablemente, si no se materializan las capacidades adecuadas para ejercer la necesaria y pronta protección de las zonas declaradas, arribaremos a un futuro próximo donde los daños causados podrán seguramente llegar a ser irreversibles.

No es el momento de criticar y seguir apuntando la responsabilidad entre unos y otros, sino que justamente la sugerencia se refiere a tomar conciencia y buscar alternativas de continuar lo iniciado con la declaración de las áreas marinas protegidas, para determinar y prontamente materializar las capacidades que permitan ejercer la protección necesaria que asegure su supervivencia para las futuras generaciones de chilenos que tienen el derecho de disfrutarlas y nosotros el deber de entregárselas vivas e intactas.

 

1 DIARIO UCHILE. Presidenta Bachelet crea nuevas áreas marinas protegidas. Diario UChile, 27 de febrero 2018. [en línea] [fecha de consulta 10 de mayo]. Disponible en: http://radio.uchile.cl/2018/02/27/presidenta-bachelet-crea-nuevas-areas-marinas-protegidas/
2 EL MOSTRADOR. Creación de parques marinos en Juan Fernández y Cabo de Hornos convertirán a Chile en un líder mundial en la conservación marítima. El Mostrador, 21 de enero 2018 [en línea] [fecha de consulta 10 de mayo 2018]. Disponible en: http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2018/01/22/ministros-aprueban-parques-marinos-de-juan-fernandez-y-cabo-de-hornos-convirtiendo-a-chile-en-un-lider-mundial-en-la-conservacion-marina/