Colaboración militar al desastre, un desafío

Por: Guillermo Del Castillo Pantoja[1]

 

Para poder hacer más eficiente, comprehensiva y oportuna la colaboración militar en la gestión del riesgo de desastres en Chile, debiera trabajarse fuertemente en la generación y masificación de conocimiento (civil y militar), a través de la educación e investigación, acorde a los estándares internacionales que el país ha asumido en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y luego, en el Plan estratégico, documentos que se encuentran alineados con lo comprometido en el Acuerdo de Sendai y su Plan de Acción para el periodo 2015-2030. Luego, ese conocimiento masificado, facilitará la generación y fortalecimiento de confianza mutua y se traducirá en una mejor integración militar con la sociedad civil organizada, las policías, el sector privado y los distintos actores y organizaciones que participan en todas las fases del ciclo de manejo del riesgo (pre-desastre, respuesta y post-desastre).

Hay que entender que el sector defensa, por sus características, equipamiento, capacidades instaladas y despliegue territorial, constituye uno de los más importantes contribuyentes al sistema nacional. Sin embargo, también se debe comprender que esas capacidades, normalmente, van a requerir adaptarse a distintas situaciones derivadas del riesgo, como a su integración con otras capacidades de origen no militar, probablemente técnicas, que deben conocerse, establecer protocolos y entrenamiento conjunto en la etapa del pre-desastre.

Del mismo modo, la colaboración militar, ya sea con organismos técnicos o con unidades operacionales, se debe prever para actuar en todo momento, con o sin la aplicación de la ley de estados de excepción constitucional y ello debe quedar establecido en planes y protocolos preparados con anticipación.

Si bien la ley de estados de excepción, ante una situación de catástrofe, considera la designación de una autoridad de origen militar, bajo el nombre de Jefe de la Defensa Nacional, se debe entender que ésta ejerce su cargo por delegación de atribuciones del Presidente de la República, a través de la dictación de un Decreto Supremo, donde se establece, entre otras cosas, el periodo, territorio y atribuciones que tendrá, observando que no se afecte la estructura administrativa del Estado.

En consecuencia, siempre será deseable la designación de una autoridad militar para el ejercicio del mando conjunto de la fuerza militar desplegada en apoyo a un desastre o emergencia, evitando con ello distraer al Jefe de la Defensa del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de su nombramiento.

Como vivimos en un mundo cada vez más globalizado, con organismos internacionales que buscan a través de la cooperación, el apoyo de las capacidades de los países para ir en ayuda de otros que pudieran sufrir las consecuencias de un desastre, el sector defensa debe prepararse adecuadamente para esas eventualidades, de acuerdo a los estándares que regulan su participación y la coordinación civil militar. Para ello, Naciones Unidas, a través de la Oficina de Asuntos Humanitarios, OCHA, cuenta con el soporte documentario necesario para desarrollar la doctrina que apoye estos procesos de colaboración.

En lo particular, la ANEPE ha desarrollado diversas iniciativas académicas, entre ellas un reciente Diplomado, que se orientan a difundir el conocimiento e integrar a civiles y militares, para que juntos desarrollen las confianzas necesarias que permitan a futuro constituirse en un real aporte al país y su sistema de gestión del riesgo de desastres.

[1] General de Brigada (R), Profesor y asesor especializado en gestión del riesgo de desastres.