Colombia: Un proceso de paz complejo y complejizado

Por: Dr. Carlos Ojeda Bennett[1]

Las esperanzas del pueblo colombiano, así como también de la comunidad internacional frente a la añorada paz en dicha nación, se ve enfrentada a un difícil momento a causa del secuestro recientemente perpetrado por las FARC en contra del brigadier general Rubén Darío Alzate y otras dos personas y la consecuente suspensión, por parte del presidente Santos, del trigésimo primer ciclo de negociación a desarrollarse en La Habana, lo que viene a complejizar un ya difícil proceso.

La dificultad que encierra el alcanzar la paz está dada por situaciones como la descrita pero, también, por otros elementos más profundos y permanentes en el tiempo que han llevado a sucesivos procesos de negociación desde los años ochenta a la fecha, lográndose algunos avances esperanzadores pero, en definitiva, a que la situación de beligerancia persista.

A la fecha el detenido proceso de negociaciones, del cual Chile junto a Venezuela participan en calidad de acompañantes, se ha centrado en buscar acuerdos en cinco puntos: El cambio agrario, la participación política de las partes, el problema de las drogas, las indemnizaciones materiales y morales a las víctimas y, finalmente, los aspectos relativos a la justicia transicional, todos ellos, claro está, de gran impacto en el futuro de la sociedad colombiana y, por tanto, con amplias aristas.

Sin ánimo de establecer un análisis pormenorizado del problema, esta columna de opinión busca evidenciar cuáles son algunas de las situaciones a las que se enfrentan las partes negociadoras y que deberán abordar para llegar a lo que buscan: una paz real que permita el desarrollo de una sociedad colombiana integrada, capaz de vivir y desarrollarse como se merece.

Como primer elemento de análisis, y desde un punto de vista realista, se estima que tanto el gobierno del presidente Santos como el estamento superior de las FARC, debieron haber analizado que los objetivos históricos que estaban planteados; vale decir, por una parte la destrucción militar de la guerrilla y, por otra, el alcanzar el gobierno por la fuerza, no podrían ser obtenidos ni por unos ni por los otros; por tanto, la negociación era el camino que les permitiría buscar una solución intermedia y rentable para ambos.

Derivado de la idea anterior, no debe dejar de tenerse presente que la reelección del presidente Santos está íntimamente ligada a su promesa de alcanzar la paz durante su período presidencial, por tanto, la actual administración tiene una presión establecida por un horizonte de tiempo que, sin duda, le generará crecientes problemas, elemento que juega a favor de la guerrilla y de los opositores a él, entre ellos, el ex presidente Uribe.

Respecto de los puntos en discusión, cabe señalar que si bien se ha avanzado positivamente en los tres primeros, en cada uno de ello las partes han establecido reparos, lo que obligará a una revisión posterior que en algún momento entramparán los acuerdos definitivos[2].

Parte de este estancamiento se debe, como se dijera, a los sucesivos procesos de paz llevados a cabo con anterioridad en los cuales se han establecido parámetros que hoy, transcurrido el tiempo, son considerados como reivindicaciones que deben ser tomadas en cuenta en el actual proceso.

Si nos referimos al problema agrario debe tenerse presente que los desplazados internos en Colombia son los segundos a nivel mundial después de los de Siria, con lo cual la ley que busca restituir las tierras a sus antiguos propietarios y legalizar las ocupaciones de hecho no ha tenido todo el resultado esperado[3] ya que ambos objetivos se ven, en muchos casos, sobrepuestos a la misma franja de tierra.

En cuanto al problema de la droga, ha habido avances sustantivos pero no exentos de reparos. Sobre el particular, no hay que olvidar que la FARC controlan aproximadamente el 60% de las plantaciones de coca pero no así la producción de droga. Lo anterior, y de forma post acuerdos, podría generar una transformación de las facciones armadas de esta organización en lo que se ha dado por llamar las FARCRIM, una posible consecuencia de este proceso a tener a la vista.

Desde la perspectiva del desarme de la guerrilla, como ha sucedido en otras situaciones similares, las FARC, atendiendo al largo período de lucha y a que muchos de sus integrantes solo conocen esa realidad, lo ven como un símbolo de rendición por lo cual se oponen. Esta coyuntura es otro elemento de este complejo proceso y, por tanto, cabe hacerse la pregunta: ¿Puede haber una paz real si dicha facción o sus ex integrantes permanece armados?

Un elemento que tiene múltiples efectos en las negociaciones y lo tendrá lógicamente en la implementación de ella es la llamada “justicia transicional”. Como es lógico, ambas partes refuerzan su condición de víctima, por tanto además de buscar reparaciones de diferente orden pretenden, por una parte, evitar el juzgamiento especialmente por violaciones a los derechos humanos, así como también impedir que sus opositores alcancen la impunidad o algún grado de justicia que les sea favorable.

Ante el escenario precedentemente descrito, se han utilizado herramientas de presión que van más allá del ámbito propiamente nacional, recurriendo a la opinión y acción de organismos internacionales alguno de los cuales se han manifestado en contra de la reforma constitucional aprobada en 2012, conocida como “Marco jurídico para la Paz” que contempla, entre otros aspectos, la suspensión de penas[4]. Aspecto que si bien podría atender la realidad, y por tanto ajustadas al logro del objetivo perseguido, se enfrenta a duras críticas y férreas oposiciones lo que, en el largo plazo, afectaría una paz duradera y real.

Del mismo modo podemos apreciar que, lamentablemente, en Colombia se presenta el fenómeno asociado a la falta de presencia del Estado en determinados territorios, lo que asociado a importantes niveles de corrupción hacen difícil considerar un proceso postconflicto exitoso.

Como último punto a tener presente y que tendrá un gran impacto en el curso de los acuerdos a los que se llegue, y en mayor medida a su puesta en práctica, es la necesaria participación del Ejército de Liberación Nacional en estos, ya que de otra forma habrá un grupo armado que permanecerá fuera de este proceso y de sus acuerdos y, por tanto, Colombia no tendrá una paz real.

Finalmente, si vemos lo difícil que es avanzar en los acuerdos; es decir alcanzar la paz, su implementación real lo será mucho más considerando que situaciones como la captura del general Alzate, por los motivos que sea, complejizan este proceso y evidencia de ello encontramos repetidamente en la historia de las negociaciones entre las FARC y los diferentes gobiernos colombianos.

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[1] Investigador del Centro de Estudios Estratégicos y coordinador del área de seguridad y defensa de la ANEPE. Doctor en Ciencia Política y magister en relaciones Internacionales.

[2] MAIRA, Luis., representante del Gobierno de Chile en el proceso de Paz de Colombia. Seminario “La Paz en Colombia”, Fundación Chile 21, Santiago de Chile, 20 octubre de 2014.

[3] VIVANCO, José Miguel. Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, Ibid.

[4] El País. com.co: Los jefes de las Farc tendrán que pagar cárcel: CPI, 28 octubre de 2014, disponible en http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/cpi-aceptara-jefes-farc-paguen-carcel