Carlos Molina Johnson
Profesor de la ANEPE

  

La Constitución Política de la República, en su artículo 24, establece que “el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”. En consecuencia, el Presidente de la República tiene bajo su responsabilidad la defensa del país que, tal como se señala en el Libro de la Defensa Nacional versión 2010, “es una función intransferible del Estado que se orienta por claros principios estatales y es conducida por un conjunto de autoridades institucionales, las que conforman un sistema cuya figura central es el Presidente de la República” (LDN, p.107).

 En ese mismo texto se señala que “la conducción de la defensa es una función de carácter eminentemente político, tanto en tiempo de paz como en situación de conflicto, puesto que, en cualquier sistema de gobierno, es una atribución privativa de quien ejerce la jefatura del Estado” (LDN, p. 124). Por su parte, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la ley Nº 20.424 Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional del 2 de febrero de 2010, en su artículo 1º, establece que “el Estado tiene el deber de resguardar la seguridad exterior del país y dar protección a su población. El Presidente de la República tiene autoridad en todo cuanto tiene por objeto la seguridad externa de la República”. En ese mismo artículo, se instituye que “para los efectos de ejercer dicha autoridad y conducir la defensa nacional, el Presidente de la República dispone de la colaboración directa e inmediata del Ministro de Defensa Nacional”.

Asimismo, la ley Nº 20424 establece un conjunto de procesos, estructuras y actores que dan fisonomía al sistema de defensa de nuestro país, dentro del cual las autoridades que lo integran “adoptan decisiones en distintos niveles -sobre todo el político y el estratégico-“ (LDN, p.113). Dentro de esas autoridades, además del Presidente de la República y del Ministro de Defensa Nacional, se encuentran los Comandantes en Jefe de las instituciones castrenses y el Jefe del Estado Mayor Conjunto que, en caso de conflicto internacional, es el mando militar responsable de conducir estratégicamente las fuerzas terrestres, navales, aéreas y conjuntas asignadas a las operaciones.

De las definiciones previas, y dada la contextura del sistema de defensa, es posible concluir que éste requiere disponer de los grados de flexibilidad suficientes para enfrentar los distintos escenarios de la defensa. En consecuencia, la articulación de procesos, estructuras y actores derivada de la ley Nº 20.424 ha creado las condiciones orgánicas para enfrentar apropiadamente escenarios de paz, de crisis internacional y de guerra externa, en cada uno de los cuales la fuerza militar es el medio principal de la defensa. Por lo tanto, a partir de esa articulación, surgen dos claras líneas de conducción: la línea de desarrollo de la fuerza en tiempo de paz y la línea de empleo de la misma para enfrentar situaciones de conflicto internacional.

Con respecto a la primera, el Presidente de la República ejerce la conducción política con la activa participación del Ministro de Defensa Nacional. Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea ejercen el mando de sus instituciones, integrando al mismo tiempo la Junta de Comandantes en Jefe, principal órgano consultor militar presidido por el Ministro, al que también pertenece el Jefe de Estado Mayor Conjunto, autoridad responsable de preparar las fuerzas terrestres, navales, aéreas y conjuntas asignadas a las operaciones por las instituciones armadas, básicamente conforme a las previsiones de la planificación secundaria de la defensa nacional y las actividades consideradas en la programación de entrenamiento conjunto, ambas debidamente sancionadas por el Ministro de Defensa Nacional.

En relación con la segunda, en su artículo 1º, la ley Nº 20.424 establece que “en caso de crisis internacional que afecte la seguridad exterior del país, el Presidente de la República dispondrá la activación de los planes de la defensa nacional respectivos. En caso de guerra exterior, el Presidente asumirá la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, en los términos y en la forma establecidos por la Constitución y las leyes. En ambas circunstancias, el Presidente de la República ordenará el empleo de las fuerzas militares, entregando bajo el mando del Jefe del Estado Mayor Conjunto la conducción estratégica de los medios asignados”. Por consiguiente, en cualquiera de esos escenarios, la conducción política continúa bajo la responsabilidad del Presidente de la República, quien la sigue ejerciendo con la colaboración inmediata y directa del Ministro de Defensa Nacional, y la conducción estratégica de las fuerzas consideradas en la planificación secundaria de la defensa es de responsabilidad del Jefe del Estado Mayor Conjunto. Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea prosiguen ejerciendo el mando de los medios institucionales que no han sido asignados a las operaciones y formando parte de la Junta de Comandantes en Jefe.

Para permitir lo anterior, es importante destacar que, a diferencia del pasado cuando el Ministro de Defensa Nacional se comportaba como primus interpares entre los campos de acción de la defensa, ahora su figura se ha fortalecido sobre la base de tres mecanismos principales: 1º dispone de una Secretaría de Estado que efectivamente le permite conducir la gestión del sector defensa a fin de colaborar eficientemente al Presidente de la República, 2º su colaboración al Jefe de Estado, mayoritariamente ejercida en períodos de paz, se extiende, de manera orgánica y moderna, durante situaciones de crisis internacional y guerra externa, y 3º preside, en cualquier escenario, la Junta de Comandantes en Jefe. Las normas de la ley Nº 20.424 así lo establecen y las prácticas de las mismas a partir de su vigencia no sólo han demostrado un salto cualitativo, desde una conducción ministerial limitada a la administración parcial del sector defensa a una posición donde la conducción del mismo es ejercida plenamente a favor de la conducción política, sino que, además, han demostrado lo favorable que ha resultado esta innovación para garantizar efectivamente el funcionamiento del sistema de defensa.