Conflictos, seguridad e institucionalidad: Una reflexión a partir de la encuesta sobre percepción de la corrupción 2012 bajo un enfoque de política pública

Por: Prof. Carolina Sancho Hirane

            La última encuesta sobre percepción de la corrupción, elaborado por Transparency Internacional (ONG preocupada por la situación de la corrupción en el mundo) en su  XXX versión, abarca 176 países y destaca que “dos tercios de los 176 países clasificados en el índice de 2012 han obtenido una puntuación inferior a 50 en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción), lo que señala que las instituciones públicas deben aumentar su transparencia y que los funcionarios en puestos de poder deben rendir cuentas de manera más rigurosa”[1]. Esto resulta de particular preocupación, por cuanto de los 20 países de América Latina, sólo dos se ubican sobre 50 puntos, Chile (ocupando el número 20 y ascendiendo dos puntos con relación al año 2011) y Uruguay (ocupando el número 20 ascendiendo 5 puntos con relación también al 2011).

En esta perspectiva, se constata como una debilidad en la zona geográfica mencionada la calidad de sus instituciones, las cuales constituyen un aspecto clave al momento de enfrentar exitosamente situaciones de crisis, conflicto y/o procesos de cambio. En efecto, tal como indica el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011, elaborado por el Banco Mundial y titulado Conflicto, Seguridad y Desarrollo, “para acabar con los ciclos de violencia, es imprescindible reforzar las instituciones y los sistemas de gobierno legítimos de manera que se pueda garantizar la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo”[2]. En este sentido, la seguridad como condición, la institucionalidad como medio y el desarrollo como objetivo, son tres factores determinantes que abordados en forma simultánea permitirán alcanzar y/o mejorar el bienestar de la población.

Relevante es destacar que cada uno de estos factores requiere de una política pública específica (aunque coordinadas entre sí), por ejemplo, en el caso de la seguridad ciudadana, tal como señala el Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas 2012, elaborado por la Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA,  “un sistema de seguridad debe concentrar los mecanismos necesarios para reducir los factores que conducen a la generación del delito, lo cual requiere de una dinámica integral y eficaz en su funcionamiento a partir de la articulación de cuatro (4) componentes: acción preventiva; un servicio de policía basado en la eficiencia; la aplicación de un efectivo sistema de justicia y una infraestructura acorde para el servicio penitenciario”[3].

Asimismo, una acción preventiva en materia de seguridad para evitar o enfrentar conflictos que puedan poner en riesgo la estabilidad del sistema político y/o la seguridad del país, requiere contar con servicios de Inteligencia que en su condición de asesores a la autoridad política, sean producto de una política pública que considere al menos: altos niveles de profesionalización de la actividad; la promoción de una cultura de Inteligencia en democracia; institucionalización de la función; cooperación internacional entre servicios de Inteligencia y; rendición de cuentas de la función[4].

En síntesis, cada uno de los temas mencionados requieren políticas públicas específicas pero coordinadas entre sí, donde exista una especial preocupación por la definición precisa del problema o necesidad a la cual se busca responder, la adecuada identificación del contexto en el que ésta será desarrollada, como también, la oportuna inclusión y coordinación de los actores claves involucrados, junto a un claro establecimiento del proceso a través del cual será ejecutada y un confiable mecanismo de evaluación del impacto logrado con la política pública impulsada[5].

No obstante, paradójicamente el éxito de una política pública está relacionado con el grado de institucionalidad del Estado, que mirado desde la perspectiva que entrega el Informe de Percepción de la Corrupción 2012 hay malas noticias para Latinoamérica al estar sólo el 10% por sobre la mitad de la puntuación (50 puntos). La buena noticia es que el informe tiene un desfase de 24 meses y en el último período hay positivas señales en la región, que siendo mantenidas en el tiempo posibilitarán el progreso en materia de transparencia en la gestión pública (y sanción a funcionarios corruptos), lo cual debería reflejarse en las próximas mediciones (2013 y 2014).  Recordemos que avanzar positivamente en esta medición de la percepción de los ciudadanos, permitirá establecer bases firmes que permitirán superar efectivamente tanto las crisis como los conflictos y desarrollar los cambios necesarios exitosamente, beneficiando con ello a toda la población, por cuanto se estarán promoviendo reglas claras, predecibles y justas para interactuar en las diferentes organizaciones que existen en cada uno de los países de la región y que contribuyen al desarrollo de éstos.



[1] “Los gobiernos deben escuchar el clamor global contra la corrupción” [en línea] por Transparency International, Berlín 5 de diciembre. Disponible en http://www.transparencia.org.es/%C3%8DNDICES_DE_PERCEPCI%C3%93N/INDICE%20DE%20PERCEPCION%202012/Aspectos_m%C3%A1s_destacados_IPC_2012.pdf

[2] Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011[en línea]. Panorama general. Banco Mundial. Paginas 11 y 12. Disponible en http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR_Overview_Spanish.pdf

[3] Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas 2012 [en línea]. Secretaría de Seguridad Multidimensional. OEA. Páginas 15 y 16. Disponible en http://www.oas.org/dsp/alertamerica/Report/Alertamerica2012.pdf

[4] Puede encontrarse un mayor desarrollo a este planteamiento en Sancho Hirane, Carolina.  “Democracia, política pública de Inteligencia y desafíos actuales: tendencias en países de Latinoamérica”. En Revista Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva. Nº 11 Enero – Junio 2012. España: Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas democráticos (Universidad Rey Juan Carlos) e Instituto Juan Velázquez de Velasco de Investigación en Inteligencia para la Seguridad y Defensa. 2012. Pp 67 – 102.

[5] Al respecto se recomienda Parsons, Wayne. Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas. México, FLACSO.  2007. 815p.