De la huella del nacionalismo al impacto del independentismo catalán

Por Dra. Loreto Correa Vera[1]

Que los españoles son nacionalistas y regionalistas, no es novedad. Tampoco, que las identidades regionales están marcadas con fuerza por un largo pasado medieval, lleno de invasiones y contiendas históricas. Pero que este nacionalismo ha transitado en los últimos años en el borde de un desfiladero, no solo es novedad, sino que además se produce en un contexto de descrédito de la política española, una crisis del paro galopante y un profundo malestar de España toda con sus instituciones. En suma, un caldo de cultivo propenso para la carencia de paciencia, la ausencia de responsabilidad y la falta de sentido. Estos juicios de valor, no salen de la reflexión académica, sino de la observación directa y sistemática de los hechos que se han conducido en los últimos meses en Cataluña y en el resto de España.

Escapa de la posibilidad de un análisis exhaustivo en una columna de opinión las razones de uno y otro bando. Sin embargo, y a riesgo de simplificar, las posturas matrices del conflicto decantan en dos ideas: la primera, la conservación del Estado español derivado de las autonomías dispuestas por la Constitución de 1978, Carta Fundamental, votada, pactada y reconocida por casi cuatro décadas. La segunda, la presencia de un colectivo de partidos nacionalistas y movimientos de todo espectro del anarquismo y la centro izquierda nacionalista, que estiman que Cataluña debe abandonar el Reino de España y conformar una república independiente. En medio, están los poderes, las élites locales, las empresas y un sinfín de actores políticos, artistas y hasta futbolistas, que se inclinan por una u otra postura, de acuerdo a su mayor o menor convencimiento de que España debe o no cambiar territorialmente.

La lógica que presenciamos este último par de meses es de un delirio y trama que raya en la vorágine de un reality, con los medios de comunicación de cabeza en unos hechos que no pueden sino seguirse día a día, cual “culebrón”, como ha sido calificado por el reconocido escritor español Fernando Savater. Pero más allá de las consideraciones políticas de fondo, llaman la atención dos elementos que han pasado desapercibidos en medio de tanto “notición”. El primero, es la ausencia de crédito que los nacionalistas le han proporcionado al Estado de Derecho y el segundo, de parte del Estado Central, tan central como los nuestros en América Latina, el aparente laissez faire al cual se responsabiliza, en parte, del actual estado de cosas.

En relación al Estado de Derecho, y medio de los más furibundos relatos del independentismo, es la figura histórica del Rey la que emerge, llamando al Estado de Derecho y el respecto a la institucionalidad como única vía de conducción del Estado. Y llama la atención, porque la firmeza y la entereza dan justificación a una institución que no pocas veces se denomina añeja y anacrónica en algunos círculos políticos europeos. Pero la monarquía española, presente con un rey recién estrenado, exhibe un relato coherente con la institucionalidad de la Unión Europea, relato que esta vez y de todas las formas posibles, ha apostado por la razón de Estado. Así las cosas, hoy pareciera que vivimos en una España postwestfaliana, más que de la postguerra fría.

En relación al laissez faire, las conductas de los nacionalistas se enmarcan en un campo de acción que bien puede leerse como el campo de la postverdad. En un país donde la legalidad no permite anticiparse a la comisión de los delitos y donde la lectura de los hechos, se enfrenta a una trama dramática de la memoria que, anquilosada por una historia construida sobre la base de mitos fundacionales, ausencia de solidaridad de Estado y supremacía regional, los nacionalistas intentaron borrar de una plumada cuatro décadas de democracia y más de cinco siglos de unidad política.

Es dramático observar en el relato, el desprecio por la institucionalidad y la falta de respeto a los propios esfuerzos de Cataluña por el proceso social de la construcción española. Ello explica sin duda la dilación, los silencios, la falta de procedimientos y conducción del “Govern”, más no sea por la sin razón que incluso hayan declarado a España un “estado fallido”, localizando en la realidad un mundo paralelo inédito en la historia occidental.

Las semanas que han partido a España en dos, no pueden atribuirse a un fermento y caldo de cultivo recientes. Los hechos y la cronología del desafío independentista catalán han estado tal y como lo describe en el auto contra Oriol Yunqueras, la jueza Carmen Lamela que hoy tiene a su cargo los juicios penales hacia los integrantes del gobierno catalán y sus consejeros, en el centro de una controversia con una idea muy clara: “una estrategia perfectamente organizada para alcanzar el secesionismo de Cataluña”. En un Estado de Derecho, donde la división de los poderes ha sido ejercida con una rapidez desconocida, hoy los imputados catalanes se lamentan sobre los hechos que ellos mismos produjeron dramáticamente sobre la política, la economía y la cohesión social. En efecto, hace un mes los catalanes fueron a las urnas y llegaron a declarar de forma unilateral su independencia, en un proceso novelesco surrealista que invalidó la ley a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Obligado, dice el Gobierno de Mariano Rajoy, la trama ha quedado perfectamente desvelada a través de las acusaciones de sedición, rebelión y malversación de fondos y caudales públicos.

Recordemos los hitos más destacados porque de ellos se desprenden los impactos causados. A principios de septiembre (6-7), en una bochornosa sesión plagada de descalificaciones, el “Parlament” catalán aprobó la ejecución de una Ley del Referéndum. La idea final, era otorgar legitimidad a la consulta pública para verificar regionalmente la posibilidad de independencia a través del voto popular. Así, mientras los diputados de los partidos opositores se ausentaron de la Cámara en señal de protesta, el máximo representante del gobierno Carles Puigdemont y su gobierno, autorizaron una convocatoria electoral regional. Al día siguiente, el Tribunal Constitucional español, máximo organismo de control político del país, indicaba su ilegalidad y el gobierno central enviaba a 5.000 miembros de la Guardia Civil a tierras catalanas, en un hecho inédito en la historia española.

Pese a todos los esfuerzos realizados por Madrid, el Govern llevó a cabo una consulta el 1 de octubre en una jornada electoral del todo irregular. El referéndum se votaba en medio de una inédita presencia de la Guardia Nacional y violentos disturbios, que terminaron con cientos de lesionados. El “sí” al quiebre con el Estado español ganó por un 90 por ciento, según – como no– al recuento de la Generalitat, con 2,3 millones de electores de los 7,4 millones de catalanes, que votaron incluso hasta en las iglesias católicas, en una región reconocidamente laica, agnóstica y hasta atea.

El resultado del referéndum, la ilegalidad del mismo, y la ausencia de sujeción a la Constitución española, consiguieron en medio de la huelga separatista de principios de octubre (3) la primera declaración del Rey llamando severamente al respecto de las instituciones. En una discreta puesta en escena, pero con el pabellón español de fondo, el Rey Felipe VI alertó sobre la “extrema gravedad” de los hechos y la abierta crisis por el desafío independentista. Para el Gobierno central y los catalanes, el llamado fue a la calma y a asegurar “el orden constitucional”. La respuesta ciudadana no se hizo esperar cuando días después, miles de personas marcharon en Barcelona contra la independencia y a favor del sentido común. En una maratónica jornada local de domingo en las calles, y con la presencia del ex presidente del Parlamento Europeo, un catalán de pura cepa como Josep Borrell, del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y diversas personalidades del mundo de la cultura y la política, las noticias de una marcha multitudinaria se entrecruzaba con las primeros impactos económicos que mostraban la huida de las empresas de Cataluña y su traslado de las sedes fiscales a otras comunidades autónomas del país. Así, el mes que empezó con cerca de 300 salidas, se elevó a casi dos mil al finalizar este octubre. El pánico empresarial acompañaría a las erráticas jornadas de la bolsa, disturbios en la Universidad local, y un ambiente de crispación y alerta generalizados en toda España. En medio, Europa y Estados Unidos no han cesado de apoyar al gobierno de Mariano Rajoy y la institucionalidad de 1978.

El 10 octubre, y frente a un avispero de medios de comunicación por una posible declaración unilateral de independencia, Carles Puigdemont compareció –palabra a la que habremos de acostumbrarnos– ante el “Parlament” catalán y realiza la declaración de independencia, suspendiéndola al finalizar la misma oración en la que la declaraba. Los 8 segundos de independencia sirvieron para convocar a una sesión extraordinaria en el pleno del mismo parlamento días más tarde y dejaron al mundo entero en un clímax inexorable. La jugada de ajedrez, era acompañada de una expresión y voluntad al diálogo, extemporánea por cierto, pero respecto de un “otro” al que declaraba ajeno a su tutela. La maniobra, obligaba al Presidente del Gobierno español en una posición ineludible a la invocación del artículo 155 ante el Senado, emplazamiento jurídico que permitió al Estado suspender la autonomía y relevar a las autoridades secesionistas en pos de restaurar la legalidad en Cataluña. Esos días, de tensa espera, sin embargo, enviaban una solicitud expresa al “Govern”, la pregunta de si había o no declarado la independencia, a la cual, Puigdemont, resueltamente evitó responder.

El desenlace. La invocación del artículo 155 y la incertidumbre sobre las medidas de Rajoy, abrieron un nuevo flanco sobre la legitimidad de la Constitución española para destituir el “Govern” por completo y convocar a elecciones en Cataluña en un plazo prudente, ello sin desmantelar la autonomía regional del todo. El debate sobre el intervencionismo, sería zanjado cuando –incluso antes de lo previsto–, desde Madrid se dispusieron las medidas que despejaron la noción de transitoriaridad de la voluntad intervencionista “dada la amenaza secesionista”. En la definición central de las medidas estarían la convocatoria a elecciones para el 21 de diciembre próximos y el cese del gobierno catalán en todas sus dimensiones autonómicas.

Las medidas, avaladas por el Senado, se debatían en paralelo a la votación de independencia establecida por el “Parlament”. Plazos y medidas cumplidos, el 27 octubre en una acalorada jornada en las dos más importantes ciudades de España, el país discutía en paralelo el secesionismo y la aplicación del 155. El Parlamento catalán optó por iniciar un proceso que pudiera dar lugar a una “república independiente” después que Puigdemont renunciara el día anterior a convocar elecciones en la región, hasta ese momento quizás la única tabla de salvación a la aplicación del 155. Pero no.

Por su parte en Madrid, el Senado dio el beneplácito para la primera puesta en marcha del artículo más famoso en la historia de España, un artículo que de suyo genérico, rescata lo que los independistas no quisieron entender jamás: que el Estado es el Estado. Por ello, todos los cambios de las regiones autonómicas deben circunscribirse a la conservación de la España toda. Este no era un tema del partido de gobierno, el PP, sino de una coalición sin fisuras con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, en lo que a la integridad territorial se refiere.

El Senado español aprobaba así, en un pleno completo de sus miembros, la que sin duda será la medida política más importante en años en aquel país: por 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención, la Cámara aprobaba el 27 de octubre las medidas propuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy, y la aplicación del Artículo 155 de la Constitución. Ello, tras que minutos antes, en un dividido “Parlament”, y nuevamente con la ausencia completa de la sala del sector constitucionalista de Cataluña, se aprobara en simultáneo, con 53 diputados ausentes, por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco, a un proceso constituyente que daba curso a la Ley de Transitoriedad que permitiría la instauración de una “república independiente” en un plazo no estipulado.

Lo que ha venido después, era previsible. Las destituciones, la puesta en marcha de los procesos judiciales y la fractura abierta de la región más próspera de la Península Ibérica. Pero lo que no era previsible era el delito consumado en su totalidad y la victimización de los protagonistas. Solo así, pueden ser entendidas la huida de Puigdemont, internacionalización del conflicto hacia la Unión Europea y parte de sus ministros en lo que seguramente será un enredo judicial de varios meses con Bélgica, el país más garantista jurídicamente dentro de la Unión Europea.

¿Pero por qué más allá de España es necesario repensar lo ocurrido en la Península Ibérica? Porque esta realidad española deja al Estado de Derecho y el respeto de los acuerdos internacionales como telón de fondo de los gobiernos, tarea que sin duda sonará a tambores en los oídos de los independistas y justa recompensa a los partidarios de una España constitucionalista. La larga marcha y retórica hacia un camino a ninguna parte del independentismo, exhibe un amargo colofón: la apuesta por un proceso en que la legalidad fue arrasada lenta y premeditadamente, la legitimidad releída desde la posverdad1, la representatividad abusada desde la institucionalidad y la responsabilidad, aparentemente eludida por algunos de los actores políticos. Si ahora cae el peso de la ley, no habrá contemplaciones, pero ¿acaso debería haberla?

1“Post-truth: es un adjetivo que denota o que se refiere a unas circunstancias en que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales influyen más en la formación de una opinión pública que los hechos objetivos”. Véase de Ibáñez Fañés, Jordi (ed). En la era de la posverdad. 14 ensayos. Ed. Calambur, Barcelona, 2017, p. 13. Disponible en https://librotea.elpais.com/assets/media/ENLAERADELAPOSVERDAD_primercapitulo.pdf.