Por Dra. Loreto Correa Vera1, 11 de marzo 2019

El 1 de octubre de 2018 la CIJ confirmó que Chile no tiene obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Este hecho ha dado inicio a una nueva fase de la relación con Bolivia enmarcada preliminarmente por los resultados de la segunda disputa por las aguas del Silala y por la incapacidad de administrar una agenda atractiva para reactivar la relación con Chile. Desde la visión paceña, el Estado Plurinacional ha sido incapaz de leer, lo que podríamos denominar los efectos jurídicos de la sentencia, en tanto que, desde la parte chilena, se ha dado una suerte de suspensión pragmática permanente en materia vecinal hasta nuevo aviso.

¿Qué elementos están presentes en esta relación? La sorpresa causada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia en torno al fallo de La Haya fue sin duda el acontecimiento del año, y quizás de lo que va corrido del siglo XXI para Bolivia, pero también lo fue para Chile. La sentencia judicial permeó a la opinión pública y logró instalar en la intelectualidad chilena, conocedora de estos temas, una tranquilidad secular sobre tres aspectos. El primero, el hecho que los chilenos, y la política exterior chilena, no le debían nada a Bolivia. Un segundo aspecto, la seguridad que el reclamo marítimo era producto de una interpretación boliviana, pero no de un derecho real sobre el cual Chile tuviera que hacerse cargo. Sin embargo, y esto es lo que deseamos rescatar también, que ciertamente existía la presencia efectiva de temas reales que entorpecen la fluidez del comercio con Bolivia. Lo cierto, es que a Chile, y particularmente para los dos últimos gobiernos (Michelle Bachelet y Sebastián Piñera ambos en su segundo periodo, respectivamente), la importancia de los temas con Bolivia ha sido determinante porque le han permitido un posicionamiento regional inédito en Sudamérica. Tal como ocurriera con Perú, diferentes fueron los niveles de análisis que estuvieron pendientes de los acontecimientos, los alegatos y la situación fronteriza. Pero a diferencia del caso peruano, con el cual, tras el fallo se ha producido un acercamiento paulatino y permanente, con Bolivia la decisión ha sido ponerle distancia y silencio radial.

En el lenguaje político, el silencio tiene motivos y efectos. El estrés estatal causado por el litigio en varios niveles del Estado fue importante. Bolivia sí logró la atención de Chile en la materia, pero lo que no consiguió fue que cambiara de opinión. Y no lo alcanzó porque la estrategia que utilizó careció de inteligencia emocional para tratar con un país que es eminentemente pragmático en materia internacional y, sobre todo, normativo en su funcionalidad estatal. Esa falta de comprensión boliviana respecto a la mentalidad chilena, ha sido ampliamente criticada en ambos países. Sin embargo, el elemento determinante en relación al no convencimiento de Chile sobre las motivaciones de Bolivia respecto del reclamo marítimo ha sido expuesto por la abogada internacionalista Karen Longaric y la socióloga María Teresa Zegada, ambas de nacionalidad boliviana. La primera señala que: “La política respecto a la causa marítima no sólo fue errónea, sino irreverente con la dignidad del tema. Un fingido patriotismo encubrió el verdadero móvil que estaba vinculado a proyecciones de liderazgo personal y/o de grupo en el escenario político nacional. Fue así que la opinión de quienes hubimos puesto en duda la efectividad del mecanismo judicial instaurado ante la Corte Internacional fue deliberadamente ignorada” (04/01/2019). En tanto, Zegada alude a la “ilusión alimentada”, concepto que coincide con la interpretación de Longaric, pero que pone en el centro de la discusión la “hipostatización, que consiste en recoger elementos de la realidad para luego reinventarlos y crear símbolos que den cuenta de una historia común, de lazos simbólicos, de un nosotros frente a él o los otros. A la larga, se va creando un efecto de verdad que se plasma en burocracias, instituciones de papel o, peor aún, en patrones de comportamiento que no cuestionan, solo se repiten.” (11/10/2018).

Estos elementos, ampliamente debatidos en los círculos de análisis del Estado de Chile durante el juicio, encontraron algunas voces disidentes en el país, pero ninguna lo suficientemente importante como para contrarrestar la voluntad política de ignorar la demanda y descalificarla. Ello redundó finalmente, en una línea de conducta por sobre las personas en la conducción del pleito. Para los bolivianos, esto debe ser por cierto de menos interés, toda vez que el Estado Plurinacional exacerbó la propaganda de Chile como mal vecino, indolente y falto de sensibilidad hacia Bolivia. Pero también, aquí hay que destacar que Bolivia leyó mal los cambios de funcionarios chilenos, los reemplazos de Bulnes e Insulza, lisa y llanamente pensó que la administración Bachelet estaría más cercana a los deseos bolivianos.

Así las cosas, todas las lecturas de la cancillería plurinacional fueron erradas y la comprensión sobre cómo Chile llevaba o no la conducta frente al juicio, fueron completamente ajenas a la realidad. ¿Por qué ocurrió esto en Bolivia? Porque la toma de decisiones en materia internacional del país sopesó temas internos con otros externos, olvidando que lo jurídico internacional debía ser lo primordial, mucho más que lo comunicacional.
Para aquellos que pensamos inicialmente que Chile no debía aceptar el juicio en la Corte Internacional, porque no iba a permitir una mejora de la relación binacional, sino todo lo contrario, prontamente nos quedó claro que el país iba a sacar adelante la tarea e iba a colocar a los mejores y más expertos conocedores del Derecho a bregar en el pleito. Eso fue lo que ocurrió y todo demuestra que el fallo final expone el mayor éxito en materia internacional de Chile en su historia. Hoy se está frente a una certeza jurídica, asunto que Chile lee a razón de dogma.

¿Existe posibilidad de avance en función de la reivindicación marítima?

Ahora bien, ¿es posible dar vuelta las cosas? El Estado de Chile no está interesado de manera alguna en sostener una línea de trabajo vecinal que aluda a la soberanía boliviana en las costas del Pacífico. Si algo aprendió Chile en la materia es que no permitirá que Bolivia traiga de vuelta el tema e instale el asunto en ningún mecanismo internacional, en ninguna mesa de trabajo y, probablemente, en ninguna conversación bilateral por muchos años.

Chile también entiende que mientras se mantenga el gobierno de Evo Morales, no “vale la pena” sentarse a debatir del tema, porque ni él ni el Estado que él preside perciben el asunto marítimo más allá de una construcción ideológica deliberadamente confrontacional y bajo la égida del juego de suma cero. En ese contexto, el gobierno chileno no tenderá puente alguno y tratará en lo que le reste a esta Administración, a vigilar cuestiones fronterizas y saldar el litigio del Silala, una preocupación importante, pero tampoco urgente porque tiene equipos de trabajo destinados a ello.

Las condiciones del comercio boliviano a través de puertos chilenos serán sin duda preocupaciones locales del norte, tanto de Arica, Iquique y Antofagasta, pero no del centro de Chile y, en consecuencia, las mejoras obedecerán a la ejecución de presupuestos de los puertos o bien de los gobiernos regionales. La prueba máxima de ello está dada por la atención prestada a dos temas claves en la relación vecinal: el narcotráfico y el contrabando. Chile insistirá en su política de control fronterizo por el ingreso de drogas al país, Bolivia reclamará inútilmente al Estado chileno que no pone controles a la salida de camiones con mercadería de contrabando. Sin embargo, claramente, no hay diálogo, ni atención mayor porque no hay relaciones fluidas entre ambos países y el venidero –y polémico– cambio consular en Chile2 tampoco trae al país un diplomático de experiencia que indique giros de conducta mayores por parte de Bolivia, sino más bien un dudoso personaje filomasista.

En efecto, y este es el punto en el que Bolivia debe reflexionar, los intereses bolivianos volverán a estar en la mesa de conversación únicamente cuando el país acepte que la reivindicación marítima es un asunto del pasado y comprenda que el tema del mar será consecuencia efectiva de un Estado distinto. Lo que hoy cabe es “pragmatismo” en la relación binacional. Aumentar la densidad del comercio bilateral, los acercamientos paradiplomáticos y, sobre todo, la cercanía entre las personas son el camino a seguir.

Y sí, habrá que empezar de cero, pero cuando cambie la marea.

 

1 Dra. En Relaciones Internacionales. Profesora ANEPE. Esta columna forma parte de la investigación denominada “Proyección de la relación chileno-boliviana. Escenarios actuales y futuros” Proyecto N° 201908. Agradecemos a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos su financiamiento.
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