Por: GDD. Andrés Avendaño Rojas  / Jefe del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE

A raíz de la bomba que el 8 de septiembre estallara en un local ubicado en la estación Escuela Militar de Metro de Santiago, y que marcara el punto culminante en la seguidilla de hechos de similar naturaleza ocurridos en la capital durante los últimos años, se ha reabierto —ahora con mayor intensidad y dureza—  una fuerte polémica respecto de las debilidades de nuestra legislación antiterrorista, de las capacidades de la Agencia Nacional de Inteligencia en particular y del Sistema de Inteligencia del Estado en general.

Gran parte de las culpas se le adjudican a la función “Inteligencia” y a los organismos operativos involucrados, a los que las críticas más suaves, los acusan de “ineficientes”. Una de las soluciones por la que se ha clamado es la de “dotar de agentes especiales a la Agencia Nacional de Inteligencia”[1], como herramienta para subsanar una de las deficiencias que presenta el actual Sistema de Inteligencia.

¿Contribuye esta medida al problema de fondo que es prever, prevenir y contrarrestar estos hechos?, ¿El dotar de capacidades operativas a la ANI va en la línea de robustecer el Sistema? ¡Me parece que no! ¡Que todo lo contrario!. Una medida como la propuesta generará nuevos y mayores problemas y en nada contribuirá al problema de fondo.

Veamos por qué.

En la actualidad el Sistema de Inteligencia, que encabeza la ANI, está compuesto por las Direcciones de Inteligencia de las instituciones de las Fuerzas Armadas, por la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto y por las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. El sistema fue concebido, según lo señala la Ley, como “… el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia…”. Para lo cual, solo cuentan con medios operativos las Jefaturas de Inteligencia de ambas policías y las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Parte del problema de la eficacia del Sistema se origina en que la Ley lo concibe  como un “conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí….” Los que, sin perjuicio de la dependencia de sus respectivos mandos superiores,  “deberán relacionarse entre sí mediante el intercambio de información y de cooperación mutua que establecen esta ley y el ordenamiento jurídico”. Ahí, la ley transgrede uno de los principios básicos de la actividad de Inteligencia: el tener un mando centralizado. En la actualidad los integrantes operativos del sistema tienen cada uno su jefe y le ley le entrega a los respectivos mandos la facultad de asignar los objetivos y tareas. Así, cada servicio operativo tiene sus propios objetivos y se coordina con el resto solo en forma “funcional” (¿?). Como se ve con esta norma no es razonable exigirle a la ANI niveles de eficiencia investigativa si la misma ley no le entrega plenas facultades para llevarla adelante.  Otra cosa sería si las facultades de asignación de objetivos, de metas, de plazos, de coordinar o integrar esfuerzos, de —en definitiva—  direccionar los esfuerzos de búsqueda, estuvieran entregadas a un solo organismo que pudiera efectivamente integrar en forma sinérgica a todos los componentes del sistema. Me parece que esto iría mucho más al fondo del problema. Con entregarle capacidades operativas a la ANI no se progresa en esta dirección. Sería más de lo mismo. Más y lo mismo porque sólo habrá más actores e igual de descoordinados. Además, con ello se abre la puerta a otros problemas, hoy inexistentes.

Veamos.

¿Qué implica dotar a la Agencia de capacidades operativas? Implica la construcción de una carrera profesional que a través de un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, entrenamiento y egreso, permita llenar los cargos que se establezcan. Implica, disponer de instancias de educación y entrenamiento a fin de transformar a los postulantes en verdaderos agentes de Inteligencia, entrenarlos y educarlos de tal forma, que éstos sean efectivamente depositarios de una carga disciplinaria, valorica y ética que respalde y oriente su actuar. Todo ello, lleva consigo aspectos previsionales y de salud similares a los de las policías o de las Fuerzas Armadas, sólo por nombrar algunas de las repercusiones derivadas.

Además de lo ya señalado, y en el supuesto que esto pudiera lograrse en el corto tiempo, se incorporaría al Sistema un nuevo actor respecto del cual en nuestro país no existe cultura. Los efectos son insospechados, pero me aventuro a predecir roces, disputas y más problemas. Y aún, si todo esto pudiera ser superado,  igual no se aseguraría más eficiencia del Sistema.

Propongo explorar soluciones intermedias. Como por ejemplo, evaluar la conveniencia de proveer a la Agencia Nacional de agentes operativos provenientes de los servicios de inteligencia de las diferentes instituciones, si es que ello fuese necesario. Pero por sobre todo, sugiero empoderar con atribuciones mucho más integrales a la Agencia Nacional de Inteligencia, con ello se podría obtener resultados en el corto o mediano plazo mientras nos damos un tiempo para reflexionar más “en frío” respecto del la optimización de un Sistema tan necesario para el país. No olvidemos que tal como —algún tiempo atrás— lo dijera un conocido  empresario nacional “…las prisas pasan, las ………”

[1] Diario La Tercera en www.latercera.com/noticia/política/2014/09.