EEUU y México en busca del norte en su frontera sur

Por: Dr.© Andrés de Castro García[1]

 

El Presidente Barack Obama acaba de solicitar 3.700 millones de dólares (USD) –unos 2.718 millones de euros (EUR)- al Congreso de su país para hacer frente a la situación en la que miles de menores de edad han cruzado y otros tantos tratan de cruzar irregularmente su frontera por México en lo que ha sido calificado por el Gobierno como una situación humanitaria urgente.

Desde octubre de 2013 se calcula que alrededor de 52.000 menores de edad han sido aprehendidos en la frontera sur y según la Administración Obama, esta situación es, en parte, consecuencia directa de la William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act del año 2008 firmada por el ex Presidente George W. Bush y que, entre otras previsiones legales, facilita la reunificación familiar dentro de territorio estadounidense y garantiza derechos subjetivos para aquellos menores de edad que no sean nacionales de países fronterizos (Canadá y México) por lo que desde la Casa Blanca la acusan de contribuir a incentivar la inmigración de menores centroamericanos no acompañados por el conocido como “efecto llamada”.

La inmigración y el diseño de políticas migratorias resulta complejo per se y en este último se puede apreciar un test proyectivo de la personalidad colectiva de una nación. Estados Unidos (EEUU) vive en un estado permanente de paradoja migratoria con una legislación y una política muy restrictivas que no impidieron que cerca de 12 millones de personas vivan en ese (este) país en situación irregular, lo cual significa no disfrutar de todos sus derechos y libertades, estar excluidos de ser parte de la sociedad y lo que es mucho más preocupante para algunos: no pagar impuestos.

Es por eso que la Administración Obama está tratando de que se apruebe una nueva ley de inmigración justificándola fundamentalmente con dos argumentos: uno económico y de reducción del déficit público y otro de seguridad nacional correspondiente al reforzamiento de las fronteras aunque sus intentos han sido de momento infructuosos por el bloqueo de los Republicanos en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos durante más de un año.

Por otra parte, para dar respuesta a la situación creada en la frontera sur, Obama ha creado una propuesta que pretende tramitar con carácter urgente que se basa en tres objetivos y dos líneas de acción.

Los primeros son: garantizar los derechos de los migrantes, resultado de los valores de la sociedad estadounidense que se percibe así misma como la World´s greatest democracy hacer frente a la necesidad humanitaria urgente, que es el argumento necesario para hacer la inferencia lógica jurídica y justificar la petición ante el Congreso y, por último, hacer cumplir la Ley.

En la tradición jurídica estadounidense, el respeto por la Ley parece no conocer fronteras, lo cual supone una alternativa a la romana diferencia entre el ius (ius-iuris) y la lex (lex-legis) confiando en que la independencia y la fortaleza de las instituciones creen e implementen un sistema jurídico justo más que esforzándose en la continua búsqueda de la justicia característica del Sistema Continental que desarrollaron los juristas romanos a partir del concepto de iurisprundentia definida como la ciencia de lo justo de lo injusto, “iusti atque iniusti scientia” lo que nos lleva a afirmar que el Derecho positivo, tal y como lo entendemos en Europa, fruto de milenios de Historia de nuestra civilización, ha de descansar en principios de moral ya que, como nos recuerda Juan Iglesias[2], si no, se le convierte en instrumento de tiranía, de sofocación de libertades internas.

En cuanto a las dos líneas de acción, se corresponden con una de carácter jurídico y otra de carácter económico.

La primera  busca otorgarle mayor autoridad al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) en la forma de dotarle de mayor discreción en pro de la “eficiencia” de los procesos de expulsión de inmigrantes irregulares de EEUU y con la intención de encontrar el “balance perfecto” entre el cumplimiento de la ley y la salvaguarda de la situación humanitaria con carácter de emergencia sin cambiar la ley y simplemente modificando la implementación de la misma ya que todo parece apuntar que carecería del apoyo necesario para seguir los procedimientos establecidos para la modificación legislativa en el mismo sentido que se ha expresado anteriormente y fruto de su sistema de checks and balances en el que se fundamenta su sistema democrático, cuando uno de los grupos –en este caso el Republicano- actúa, quizás, de mala fe.

En cuanto a la línea de carácter económico, se trata de recibir 3.700 millones de dólares (USD) de los que 1.800 serán para “mejorar las condiciones” de los menores en los centros de detención y proveerles, entre otros servicios, de atención sanitaria, 1.100 millones destinados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para mejorar la gestión fronteriza con el propósito de, entre otras medidas, adquirir aviones no tripulados (UAV´s).

Parte de los 800 millones de dólares restantes se dedicarían a la construcción de centros de repatriación en Honduras, El Salvador y Guatemala que permitan expulsar a los menores a un lugar en sus países de origen así como la realización de campañas que prevengan que los menores inicien su viaje.

Llegados a este punto, es necesario apuntar que en el diseño e implementación de políticas públicas es preciso conocer el escenario de la contraparte que, en el caso de Centroamérica,  muestra cifras tan preocupantes como por ejemplo que entre el año 2000 y 2011 se duplicó el número de asesinatos tal y como describe la Dra. Sonia Alda[3] de lo cual podemos inferir que se trata de una región que atraviesa graves problemas de seguridad.

Ese hecho va a hacer que se inicie un debate jurídico muy interesante acerca de si los niños y adolescentes que están intentando cruzar la frontera cumplen las condiciones establecidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 para solicitar la condición de refugiado a vista de lo cual la Administración Obama está evitando la utilización de ese término que podría tener implicaciones legales que algunos podrían calificar de indeseables.

Lo que resulta evidente es que mientras no se lleven a cabo políticas que apuesten por combatir la debilidad institucional en Centroamérica y que se anticipen a las situaciones del futuro inmediato, nos seguiremos encontrando con medidas reactivas y tramitadas por vía de urgencia en un sistema de tradición anglosajona caracterizado por los checks and balances que en ocasiones limitan de manera muy ostensible la capacidad de reacción del ejecutivo tal y como estamos siendo testigos en las últimas semanas.

Quizás es el momento de que EEUU, acostumbrado a mirar hacia abajo, mire hacia arriba para descubrir el modelo de inmigración iniciado por Pierre Elliott Trudeau, Primer Ministro de Canadá, que sin duda podrá aportar algunas claves para la reforma así como asegurar una política inmigratoria proactiva que les permita centrarse en los problemas de seguridad en la frontera como el terrorismo y el tráfico de drogas y no en la inmigración que en ningún caso puede entenderse como un problema de seguridad, porque no lo es.

También habría que ser cautelosos con la tendencia de endiosar a la Ley y atribuirle valores que le corresponden al Derecho. Europa goza de la cuanto menos incómoda experiencia de tener un par de ejemplos para compartir sobre qué pasa cuando le otorgamos a la Ley obediencia ciega y no suele conllevar un final feliz precisamente.

Y por último habrá que observar muy de cerca a México y al Gobierno de Peña Nieto que, vistos los últimos acontecimientos, parece que tienen el riesgo de convertirse en más papistas que el Papa en su intención de demostrarle al mundo lo que es solamente una evidencia geográfica, México es Norteamérica.

En las últimas horas, el ejecutivo de Peña Nieto ha presentado el Plan Frontera Sur en un multitudinario acto en el que también han participado el Presidente de Guatemala y las grandes palabras: dignidad, humanidad, estabilidad, desarrollo, bienestar, mayor calidad de vida, causas humanitarias, seguridad, inclusión y competitividad.

Todo este exitoso cóctel, unido a la presentación y entrega de la Tarjeta de Visitante Temporal (TVT) a algunos agraciados guatemaltecos y beliceños que les dará la capacidad de permanecer 72 horas en los estados mexicanos del sur y a los que además les dio mucho “gusto y emoción” ver al presidente de Guatemala en suelo mexicano, en palabras del propio Peña Nieto[4]. Una pena que solamente vayan a tener tres días para emocionarse.

Esta catástrofe anunciada es consecuencia directa de la estrategia de Estados Unidos (EEUU) de alejar lo más posible sus fronteras para asegurarse que los problemas quedan fuera y fruto de la intención de México de ser percibido como potencia y desterrar el sambenito de país generador de inmigración para presentarse como país de tránsito e incluso de destino.

Habrá que analizar el nuevo rol de sheriff de los Estados Unidos Mexicanos en materia migratoria y ver si logra gestionar adecuadamente sus recursos e implementar una política pública coherente que contribuya realmente a mejorar la calidad de vida de las personas que intentan entrar y que se encuentran en su territorio más que enfocarse en los grandes actos en los que, sonrientes, vestidos de blanco y con bellas palabras, buscan su lugar en Norteamérica.

 

 

[1] Profesor e investigador de la ANEPE. Actualmente se encuentra en Georgetown University (Washington DC)realizando una estancia de investigación.

[2] IGLESIAS SANTOS, Juan. “Derecho romano”. Barcelona: Ariel. 2004.

 

[3] ALDA MEJÍAS, Alda. “¿Hacen falta más policías en Guatemala?” Disponible en: http://www.republicagt.com/opinion/hacen-falta-mas-policias-en-guatemala_db4d43/

[4] Gobierno de México. Programa Frontera Sur. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=trJtxwFYZyU