Por. Prof. Jeannette Irigoin Barrenne

 

 Antecedentes

            Esta rama del derecho internacional tiene su origen y consagración en el foro multilateral de Naciones Unidas. El contenido del Derecho del Espacio se ha consagrado en cinco Convenciones de Naciones Unidas, que han sido aceptadas de diferente manera por la comunidad internacional.  Se caracteriza por su rápida elaboración, seguida de una pausa prolongada en la década de los ochenta, que per­mite formular las interrogantes decisivas: ¿para qué conquistar el espacio? ¿a qué precio?¿ en virtud de qué imperativos militares, económicos, científicos?

            La originalidad del proceso de elaboración, confirma la rapidez del paso del hecho al derecho, si consideramos que se adopta la primera Resolución de Naciones Unidas sobre cooperación internacional para la utilización pacífica del espacio solamente cuatro años después del lanzamiento del primer Sputnik, en 1957. Rápidamente se confirma la vocación internacional del espacio, ex­cluyendo la proyección vertical de los principios del Derecho Aéreo, especialmente el principio de soberanía del Estado.[1]

            La Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de una resolución de 13 de diciembre de 1958, creó el Comité especial para la utilización pacífica del Espacio (integrado por 24 miembros) como órgano de negociación del Derecho de Espacio a través del Sub-Comité Jurídico, o de la cooperación internacional a través del Sub-Comité Científico y Tecnológico. Se ha establecido la práctica del consenso en el Sub-Comité Jurídico, que actualmente tiene 53 Estados miembros.

            Sin duda, la época de la conquista espacial refleja la competencia de las dos grandes potencias espaciales: después del Sputnik 11, en que los soviéticos ponen en órbita a la perra Laika, los americanos lanzan sus primeros satélites en 1958, año en que se crea la NASA y comienzan a lanzar satélites de observación meteorológica y de telecomunicaciones, al igual que los soviéticos.

            En 1961, Yuri Gagarin permanece más de una hora en el espacio a bordo del Vostok 1. Los americanos siguen rápidamente con John Glenn, transformando en algo habitual los vuelos espaciales tripulados. La tercera etapa fue la llegada del hombre a la luna, en 1969, en cumplimiento del programa Apolo decidido por el Presidente Kennedy y fue Neil Amstrong el primer hombre en pisar el satélite, hazaña que hizo descubrir al gran público un inmenso espacio muerto, inhabitado, desolado.

Los principales Instrumentos Jurídicos en el ámbito del Espacio Ultraterrestre en Naciones Unidas.

a.  Tratado sobre los principios jurídicos que han de regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna  y   otros    cuerpos celestes.

            El texto del Tratado, conocido como el “Tratado General del  Espacio”,  figura  como anexo a la Resolución 2222 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; fue abierto a la firma en Washington, Londres y Moscú el día 27 de enero de 1967 y entró en vigor el 10 de octubre de ese mismo año.

Este instrumento, que tiene el carácter de acuerdo marco y es considerado por la doc­trina como ley fundamental del Derecho Espacial, incluye los principios de la Declara­ción de 1963 y elabora su aplicación a la Luna y a otros cuerpos celestes. Además incorpora principios como el de la abstención de los Estados de colocar en órbita obje­tos portadores de armas nucleares u otras armas de destrucción en masa; el de la utilización de la Luna y otros cuerpos celeste con fines pacíficos; el de la prohibición de establecer bases, instalaciones y fortificaciones militares, del ensayo de toda   clase armas y de realizar maniobras militares en los cuerpos celestes; el de la obligación de evitar la contaminación nociva y los cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra como consecuencia de la introducción de materias extraterrestres; se requiere informar al Secretario General de las Naciones Unidas de todo fenómeno que se descubra en el espacio ultraterrestre que pueda ser un peligro para la vida o la salud de astronautas. Las partes convienen en dar acceso a todas las estaciones y vehículos espaciales, en la Luna y otros cuerpos celestes, a los representantes de otros Estados Parte, sobre la base de reciprocidad. (Diario Oficial de Chile de 26 de marzo de 1982).

b. Acuerdo sobre salvamento y devolución de astronautas y restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre.

            Es el segundo instrumento internacional elaborado en las Naciones Unidas, conocido como Acuerdo de Asistencia. Llevó seis años su elaboración, entre 1962 y 1965 y dos períodos de 1967, uno de ellos extraordinario. La Asamblea General dio forma definitiva al acuerdo por Resolución 2345 (XXII), de 19 de diciembre de 1967; fue abierto a la firma el 22 de abril de 1968 y entró en vigencia el 3 de diciembre del mismo año.

De conformidad con este acuerdo las partes se obligan a adoptar, de inmediato, las medidas de auxilio posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje de emergencia.

            Los Estados han convenido en adoptar todas las medidas posibles para el salvamento y la prestación de ayuda al personal de las naves espaciales que aterricen en territorio bajo su jurisdicción. En el acuerdo se estipula también que, en el caso de que en el territorio de un Estado Parte se descubra un objeto espacial peligroso o piezas que lo compongan, la autoridad que haya lanzado el objeto tomará las medidas eficaces para eliminar las posibilidades de peligro o daño. Tanto el Secretario General de las Naciones Unidas como la autoridad del Estado que efectuó el lanzamiento, deberán ser informa­dos de inmediato, pudiendo esta última cooperar en la búsqueda y salvamento. La tripulación de la nave deberá ser devuelta en forma rápida a los representantes de la autoridad de lanzamiento. (Diario Oficial de Chile de 31 de marzo de 1982).

c. Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales.

            Comúnmente llamado Convenio sobre responsabilidad, es examinado por primera vez por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos en su segundo período de sesiones en 1963. Fue concluido en el décimo, celebrado en 1972, por lo que llevó ocho años. La Asam­blea General cerró el procedimiento al adoptar la Resolución 2777 (XXVI) de 29 de enero de 1972, que se abrió a la firma el 29 de marzo y entró en vigencia el 12 de septiembre del mismo año.

            La posibilidad de que un objeto lanzado al espacio pueda, accidentalmente, regresar a la superficie terrestre causando destrucción donde aterrice, es considerada como responsabilidad del Estado que realiza  el lanzamiento. Esta Convención abarca esa con­tingencia y estipula que un Estado es responsable por el daño causado por los objetos que lance al espacio, instaurando el sistema de responsabilidad absoluta sin limitación en el monto del resarcimiento, además de otras valiosas innovaciones que lo hacen no sólo el más avanzado en Derecho Internacional Espacial, sino único en su tipo. El acuer­do contempla la responsabilidad para el Estado que lanza objetos al espacio, cuando éstos causen daño en la superficie terrestre o a aeronaves en vuelo.

            Las reclamaciones por indemnización se pueden hacer mediante negociaciones diplo­máticas o, en caso de que no sea posible llegar a un acuerdo, se constituirá una Comi­sión tripartita de reclamaciones para decidir los méritos de la reclamación y determinar el monto de ella, si es procedente. (Diario Oficial de Chile de 22 de marzo de 1982).[2]

 

d.  Convenio sobre Registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre.

            Los primeros trabajos tendientes a la concreción de un instrumento de este tipo tuvieron lugar en 1969, a propuesta de Francia. Era necesario mejorar el sistema de información voluntaria sobre lanzamiento de vehículos espaciales. Si bien era eficiente la labor rea­lizada por el Secretario General, en virtud de la Resolución 1721 – B (XVI), la voluntarie­dad de la información y, a veces, la tardía remisión de dicha información, no ofrecían mayor garantía para los países potencialmente víctimas de daños provocados por na­ves espaciales.

Cuando se hicieron los primeros pronósticos en relación a que algún día habría miles de satélites en órbita alrededor de la Tierra, se puso de manifiesto la utilidad de un archivo central con detalles de las naves espaciales y de sus órbitas, para su identificación. El Convenio fue aprobado el 12 de noviembre de 1974, abierto a la firma el 14 de enero de 1975 y entró en vigor el 15 de septiembre de 1976.

Este instrumento internacional representa un gran esfuerzo en pro de la identificación de los vehículos espaciales asegurando, incluso, asistencia a los países que la necesi­tan para individualizar al objeto que causó daño. Según esta Convención, los Estados que lancen objetos al espacio deben comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas cuándo y dónde se lanzan los objetos, cuáles  son   sus  funciones   generales y detalles sobre sus órbitas. Además, los Estados deben transmitir información de los objetos que han dejado de estar en órbita. (Diario Oficial de Chile de 17 de noviembre de 1981).

e.  Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes.

            El acuerdo fue aprobado el 5 de diciembre de 1979 y abierto a la firma el 18 de diciembre de 1979.

            Desde 1971 la Comisión del Espacio Ultraterrestre trabajó en un proyecto de tratado relativo a la Luna, hoy en vigor, el cual establece que la Luna y demás cuerpos celestes serán utilizados exclusivamente con fines pacíficos; que la exploración del espacio será en beneficio de todos los pueblos; que los Estados que proyecten misiones espaciales adoptarán las medidas destinadas a evitar la perturbación del equilibrio ambiental exis­tente en la Luna y en otros cuerpos celestes; que los Estados no interferirán en las actividades de otros Estados Partes en la Luna; que los Estados proporcionarán infor­mación acerca de fenómenos que descubran en el espacio, susceptibles de poner en peligro la vida o la salud humana y que los Estados pueden visitar las estaciones espa­ciales de otros Estados, previo aviso razonable, a fin de cerciorarse de que las actividades de otros Estados Partes en el acuerdo sean compatibles con las disposiciones de éste.[3]

En relación a la Luna y sus recursos naturales, establece este acuerdo que son patrimonio común de la humanidad y que los Estados Partes se comprometen a establecer un régimen internacional apropiado que regule la explotación de los recursos naturales de la Luna, cuando esa explotación sea viable. (Diario Oficial de Chile de 25 de enero de 1982).

Chile es Parte y ha ratificado todos estos Convenios sobre la utilización del Espacio Exterior y es miembro muy activo de la Oficina del Espacio Ultraterrestre que se encuentra en Viena, en la sede de Naciones Unidas y ha presidido el COPUOS en distintos períodos.

 


[1] Véase, Jeannette Irigoin Barrenne, “La utilización del espacio exterior y su regulación jurídica internacional”. Revista DIPLOMACIA Nº 65, Academia Diplomática “Andrés Bello”, Ministerio de Relaciones Exteriores. Santiago, Chile,  septiembre 1994.

[2]  Sylvia Ospina. “Internacional responsibility and state liability in an age of globalization and privatization” Annals of Air and space law. McGill University, Montreal, Canadá 2002.

[3]  Este Acuerdo sobre la Luna y otros cuerpos celestes  ha recibido sólo 11 Ratificaciones.