Columna del Almirante Miguel A. Vergara Villalobos, Investigador Asociado del CEE de la Anepe, publicada por el diario La Tercera, el martes 21 de febrero de 2012.

 

Próximos al segundo aniversario del 27/F y ya finalizada la investigación de la fiscal Huerta, se ha desatado un nuevo tsunami, ahora con un cariz político. Mientras unos intentan involucrar a la ex Presidenta Bachelet por su desempeño en las primeras horas de la tragedia, otros buscan acreditar la lentitud de la reconstrucción en las zonas afectadas.

Me preocupa que, como producto subsidiario de esta lucha que se juega en ligas mayores, una vez más las FF.AA. terminen siendo el chivo expiatorio de las malas o nulas decisiones que se tomaron en el improvisado puesto de mando que el gobierno constituyó en la Onemi el 27/F. Ya se especula cuán distinta habría sido la situación si el Shoa hubiese establecido la alerta de tsunami, o si el Ejército hubiese facilitado su red de telecomunicaciones, que no se vio afectada.

 

Los antecedentes que han trascendido de la investigación señalan que el Shoa emitió la alerta de tsunami a las 4.07, por lo que la Onemi debió disponer inmediatamente la evacuación, lo que no se hizo por desconocimiento de los protocolos. Si bien posteriormente hubo un error de apreciación del Shoa, al haber cancelado la alerta a las 4.56, ésta estuvo plenamente vigente durante 49 minutos. Cabe destacar que la Armada reconoció prontamente este lamentable error, dispuso sanciones y se abocó a tomar las medidas tendientes a evitar su repetición. Por otra parte, independientemente del juicio que nos merezca el papel cumplido por el Shoa, la norma indica que ante un terremoto superior a 7,5 grados en la escala de Richter se debe decretar la evacuación de inmediato, sin perder preciosos minutos esperando la evaluación técnica sobre la posibilidad de un tsunami, acción que la Onemi tampoco llevó a cabo.

En cuanto al sistema de comunicaciones del Ejército, jamás se ocultó su existencia, ni sus capacidades, ni se negó su uso. Como lo ha declarado el propio ministro de Defensa de la época, su propósito se limita a enlazar las distintas unidades militares a lo largo del país, por lo que habría sido absolutamente insuficiente para cubrir todas las ciudades afectadas, y menos las zonas costeras vulnerables a un tsunami. Consecuentemente, poco habría contribuido a las supuestas mejores decisiones en el puesto de mando de la Onemi. Debemos recordar que, días antes, el gobierno había promulgado un decreto que, en la práctica, subordinaba las FF.AA. a la Onemi en caso de catástrofe, a lo que se suman las reticencias para decretar Estado de Excepción Constitucional y evitar los saqueos, porque se quería evitar la imagen de una zona “militarizada”. Curiosa añoranza del Ejército surge ahora, sólo para adjudicarle inexistentes responsabilidades.

 

Pareciera que el sino de las FF.AA. es ser aclamadas cuando acecha el peligro y duramente juzgadas cuando vuelve la paz. La tentación es grande, porque su disciplina les impide entrar en la guerrilla de declaraciones o destempladas manifestaciones públicas. Por el contrario, lo propio de la cultura militar es reconocer los errores y corregirlos de inmediato y es lo que se esperaría de todos los actores, evitando el “sálvese quien pueda”, que sólo contribuirá a enrarecer el ya tenso ambiente político.