El síndrome separatista en democracia, el nuevo desafío del estado-nación

Por: Dr. Iván Witker Barra

Pese al revés electoral relativo de los nacionalistas catalanes en la elección del domingo 25 de noviembre, el ambiente que rodeó dichos comicios así como el debate político en España son indicativos que la proliferación de nuevos estados se está convirtiendo en uno de los temas de mayor complejidad en los estudios internacionales. Mientras Quebec constituye un caso de estudio con poderosa carga histórica,  Cataluña, Escocia y, en menor medida Flandes, están brindando un toque de actualidad, ya que, al estar inmersos en una crisis económica profunda y de alcance continental, ayudan a reflexionar sobre aquellos momentos dramáticos en que se empieza a erosionar la razón de ser de una nación.

La complejidad de estos procesos secesionistas está dada por el carácter preferentemente político de las tendencias centrífugas, ya que los efectos comerciales son más bien atenuados si se les mira en el largo plazo. En cambio las mayores dificultades se observan en los regímenes multilaterales, ya que las Resoluciones 1514 y 2625 de la ONU que reconocen el derecho a la autodeterminación se circunscriben al ámbito de la descolonización.

A comienzos del siglo 21, y especialmente por el desplome de la Unión Soviética y de Yugoslavia, el número de Estados reconocidos por la ONU se amplió, y se entendió que la característica de este proceso fue la dilución de la ideología y el surgimiento del nacionalismo histórico, pese a que ello derivó en procedimientos muy diversos. Hubo secesiones sangrientas, como en los Balcanes, otras con dosis de violencia que aún perduran, como en grandes extensiones de la antigua Asia soviética, y otras más bien excepcionales, como la checoslovaca, verdaderos ejemplos de civilidad.

El punto problemático es que ninguno de estos casos se llevó a cabo en ambientes democráticos. De ahí entonces las particularidades tan interesantes y complejas de los casos de Cataluña, Escocia y Quebec, verdaderos pilares de una nueva ola de tendencias secesionistas. Para algunos se trata de circunstancias “extremas”, otros las consideran “nuevas”. Lo concreto es que se sitúan en lo que algunos autores denominan el desafío de construir un contramodelo yugoslavo de secesión o, puesto en otros términos, un modelo positivo de secesión. En democracia y estado de derecho.

Desde tal perspectiva, los nudos políticos comunes que tienen los casos de Cataluña, Escocia y Quebec  son tres. Por un lado, la forma en que se debe plasmar la voluntad democrática de secesión (dentro de un orden legal que no dispone de mecanismos para ello). Por otro, las implicaciones que pueden tener estas construcciones estatales en democracia al interior de la Unión Europea, donde podría abrirse una ventana hacia otros ejercicios similares en Euskadi, (España),  Flandes (Bélgica), o Padania en el norte italiano, por mencionar los más recurrentes. Son nudos políticos toda vez que el derecho vigente en la Unión Europea no contempla la desintegración de un estado miembro, pues en su espíritu, dirían Monet y Schuman, la secesión contradice el principio fundacional de la convergencia europea post Segunda Guerra. El tercer nudo está dado por la circunstancia que viven Cataluña, Escocia, Flandes y el norte italiano al formar parte de entidades estatales mayores pero ser simultáneamente periféricos respecto a la capital política poseyendo gravitación económica decisiva.

Los críticos de la secesión señalan que en ninguno de los casos señalados se puede argumentar que el estado central esté suprimiendo sus respectivas identidades culturales. No se puede descartar a priori ese argumento, pero las masivas manifestaciones en Barcelona indican que un “algo independentista” se mueve en el ambiente y que la problemática de las naciones sin estados es un problema real. O bien estamos ante síntomas de enfermedad de los esquemas de gobernanza supranacional; que suscitan más problemas que ventajas. Estos movimientos nos señalan, a su vez, que la viabilidad de los modelos de estado-nación plurales está, a lo menos, en tela de juicio.

Veamos detalles de algunos de estos casos.

Cataluña es una región del noreste de España que alberga a casi 8 millones de habitantes (de los cuales 5,4 tiene derecho a voto) que se perciben a sí mismos con raíces identitarias diferentes al resto de España, siendo su principal característica una pujanza económica reflejada en su aporte al PIB del país (casi un quinto). La crisis española ha puesto el financiamiento de las comunidades autonómicas en el centro del debate político y con ello han subido a la superficie los contrastes, las diferencias y distancias. En ese contexto, al rechazar en septiembre las exigencias de Madrid de introducir mayores recortes, exigiendo mayor autonomía tributaria, los nacionalistas del partido CiU aprovecharon la realización de comicios el pasado 25 de noviembre para plantearlo como si fuese un referéndum separatista. Claro, CiU no arrasó como muchos creyeron, pero ganó. Por lo mismo, los anuncios en orden a que convocará a un referéndum independentista en 2014 mantendrá la tensión política. Luego, un dato no menor es el que indica que, desde septiembre a la fecha, de las 947 localidades que integran Cataluña, 160 se han declarado “territorio catalán libre y soberano”. Otro dato significativo: la prensa catalana ha recordado bastante estos últimos meses el caso de Eslovenia, país que preparó una fuerza de seguridad a partir de los cuerpos policiales existentes en esa parte de la entonces Yugoslavia a fin de enfrentar las previsibles acciones de violencia que vendrían desde Belgrado, asunto que se concretó en la llamada Guerra de los 10 Días y que determinó la independencia definitiva de Eslovenia. Se ha señalado que para tomar el control de los 32 mil kms2 de Cataluña, Madrid necesitaría enviar  270 mil soldados, algo imposible toda vez que las FFAA españolas disponen de poco más de 134 mil efectivos.

Por su lado, el caso de Quebec –el cual ya realizó un referéndum en 1995-  debe ser visto con el prisma de la llamada Clarity Act ( Loi de Clarification), que aprobó el parlamento canadiense en 2000 y que dio forma política a una resolución judicial previa, establece el derecho a resolver el asunto secesionista mediante un referéndum. La Corte Suprema de Canadá había señalado que Quebec no tenía derecho a plantear  el tema de forma unilateral, pero que si se observa un apoyo ciudadano real, el resto del país debe buscar fórmulas que canalicen la opción. Aquí surge una cuestión elemental, ¿por qué habrían de ser los otros quienes decidan?. Y luego otra duda, ¿debe preguntarse de forma tajante o no?. No se trata de un asunto trivial, ya que en estos procesos los asuntos medulares y los circunstanciales se interconectan de forma gris y opaca. Por eso, una de las críticas esenciales al referéndum de 1995 fue la ambigüedad de la redacción de la pregunta. Como reacción, el parlamento provincial quebequense declaró: “ningún parlamento o gobierno puede reducir los poderes, la autoridad, la soberanía o la legitimidad de la Asamblea Nacional o imponer restricciones sobre la voluntad democrática del pueblo quebequense de determinar su propio futuro”. Esto mantiene en vilo una situación que no tiene satisfecha a todas las partes. Quebec se niega a la idea de la doble identidad.

En tanto, el grueso de los 5,2 millones de escoceses ha llevado al Partido Nacionalista (SNP) a erigirse en bandera separatista. El SNP ha planteado la realización de un referéndum para el 2014 y el gobierno de Cameron en Londres ha prometido facilitar su realización, pese a que debió ceder en la fecha de su ejecución y que aún existen divergencias en cuanto al universo de votantes. Londres y Edinburgo se han comprometido a su carácter vinculante. Este es un caso con fuertes especificidades ya que no se divisa con claridad si se trataría de una aplicación de derecho a la autodeterminación o a la denuncia de los tratados que dieron origen al Reino Unido (Unión de las Coronas de 1603 y Tratado de la Unión de 1707), o bien una combinación de ambas.

De las experiencias comentadas, europeas y canadiense, emanan algunas lecciones importantes para América Latina. Por ejemplo, que los desasosiegos etno-territoriales se ven acentuados con las crisis económicas graves, especialmente en sociedades con problemas transversales de falta de cohesión política y social.

Y, quizás lo más importante, es que los afanes multiculturalistas y constructivistas, que creen posible las identidades duales o propugnan nuevos engendros identificatorios, tienen límites claros. Son propuestas que en cualquier momento pueden desatar procesos degenerativos.

Pese a su carácter imperceptible, la lengua, la religión, la trayectoria nacional vinculada al territorio y los sentidos históricos de pertenencia, siguen siendo determinantes. Es la vigencia del pensamiento de Benedict Anderson: “las naciones no son otra cosa que comunidades imaginadas a lo largo de vicisitudes históricas”.