Por Esteban Arratia Sandoval 1, 3 de julio 2019

En octubre de 2018, una imprevista caravana de siete mil centroamericanos terminó en la frontera de Estados Unidos tras recorrer 4.000 km, destapando no solo la crisis humanitaria que se vive actualmente en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), sino también poniendo en jaque a México, enfrentándolos a la Casa Blanca.

Muchos de ellos huyen principalmente de la falta de oportunidades económicas, violencia e inseguridad, y han decidido radicarse en territorio azteca ante la dura política migratoria del presidente Donald Trump. En efecto, desde hace varios meses México experimenta un explosivo aumento en el flujo de migrantes centroamericanos irregulares que cruzan su frontera sur, solo entre enero y marzo de 2019 lo hicieron 390.000 y otros 15.000 solicitaron refugio. Por lo tanto, México ha pasado de ser un país de tránsito a uno de destino para migrantes provenientes de esa zona geográfica.

Inicialmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que una de las prioridades de su gobierno sería gestionar este ciclo migratorio con un enfoque integral. De esa manera, elaboró un Plan de Desarrollo Regional Integral junto a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), cuyo objetivo principal es atender las causas de la migración irregular en el Triángulo Norte. Sin duda, esta propuesta, que contempla una inversión total de US$ 100 billones entre 2020 y 2030, implica un cambio en el modelo aplicado durante décadas, al concebir el fenómeno de la migración no como un problema de seguridad nacional, sino como una cuestión multidimensional. Más allá de sus nobles intenciones, para muchos observadores este proyecto constituye un intento de México por recobrar poder e influencia en Centroamérica, la cual quedó relegada de su política exterior tras el malogrado Plan Puebla Panamá.

En sentido opuesto a la iniciativa respaldada por la CEPAL, hace un par de semanas AMLO desplegó 6.000 efectivos de la recientemente creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, ante la amenaza de la Casa Blanca de imponer aranceles adicionales a todos los productos mexicanos importados por Estados Unidos si no detenía el flujo migratorio irregular. Sin embargo, cabe recordar que una maniobra similar se ejecutó en el marco del Plan Frontera Sur, logrando únicamente que los migrantes buscaran rutas alternativas para continuar su viaje, incrementando así el riesgo de ser víctimas de trata de personas. La reacción del gobierno mexicano fue muy criticada por sectores opositores, analistas y la opinión pública, al considerar que se había cedido demasiado ante Washington, abandonando el enfoque planteado originalmente para transformarse en un muro de contención o Estado tapón que actúa conforme a los intereses de Estados Unidos.

Ante lo expuesto con anterioridad, es posible afirmar que existe una brecha entre la retórica de AMLO y las medidas que finalmente ha implementado. Lo cual devela que ha quedado atrapado entre la espada y la pared pues, por un lado, se encuentra su discurso de apertura y respeto a los derechos humanos respecto al éxodo centroamericano reflejado en el Plan de Desarrollo Regional Integral, que parece ir en la dirección correcta en cuanto al abordaje de la crisis humanitaria del Triángulo Norte. Por otro lado, debe lidiar con la visión cortoplacista de la política exterior de Trump expresada en las fuertes e incesantes presiones ejercidas para cortar el flujo migratorio (como la amenaza arancelaria), que no solo podría frustrar su ambicioso esfuerzo de integración subregional, sino también su apuesta por reposicionarse en América Central.

¿Podrá AMLO sortear esta encrucijada con éxito? Solo el tiempo lo dirá.

 

1 Doctorando en Estudios Internacionales y Magíster en Estudios internacionales por la Universidad de Santiago. Investigador de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) jarratia@anepe.cl