Carlos Molina J.

General de División

Investigador Asociado del CEE de la Anepe.

Una permanente acción comunicacional, especialmente a nivel internacional, ha ido creando la sensación de que Chile es un país poco o nada transparente en cuanto al presupuesto de defensa y al gasto militar, apreciación que, como lo demostraremos más adelante, carece de fundamento frente al comportamiento del país en esta materia.

En ese contexto, cabe resaltar que el Ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand, durante su reciente intervención para inaugurar el año académico de las Fuerzas Armadas, destacó que, de acuerdo al primer informe mundial sobre transparencia en presupuestos de defensa elaborado por Transparencia Internacional, somos un país muy bien calificado dentro del mundo y de América Latina, superado en esta última región sólo por Costa Rica, que no tiene sistema de defensa ni cuenta con Fuerzas Armadas.

Sin embargo, en cuanto al gasto militar, determinadas publicaciones internacionales insisten en la divulgación de estimaciones sobre un porcentaje de éste con relación al PIB muy superior a la realidad, producto de la inexistencia de un análisis prolijo de las cifras respectivas, pese a la abierta y detallada información disponible. En esas publicaciones, no se refleja el verdadero gasto del país, dando lugar a opiniones que, sobre la base de esas estimaciones, ubican a Chile en un nivel de gasto que no se ajusta a las reales cifras. Lo anterior, a raíz de que esas estimaciones no surgen de un debido análisis del presupuesto del sector defensa de nuestro país, menos de la indagación de detalle de las partidas que se destinan al mantenimiento de la capacidad militar que exige nuestra política de defensa, reiteradamente definida como de carácter disuasivo.

Un ejemplo de lo anterior es la información que difunde el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), organismo que, en cuanto al gasto de Chile, señaló que el año 2010 fue de un 3.5% del PIB. Ello, como consecuencia de considerar la totalidad de las distintas partidas del presupuesto del Ministerio de Defensa, presupuesto que para ese preciso período anual, como para los anteriores hasta ese año fiscal, consideraba los recursos propios del sector defensa más aquellos de la seguridad pública del país, por cuanto las instituciones que cumplen esta última función, Carabineros y la Policía de Investigaciones, dependían de esa Secretaría de Estado.

Además, en su estimación, consideró la totalidad del ingreso de los fondos provenientes de la ley reservada del cobre y el aporte estatal para el pago de pensiones y montepíos de la Caja de Previsión Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros, aporte este último que forma parte de las partidas presupuestarias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Al así hacerlo, no desarrolló análisis alguno con relación a los recursos que corresponden efectivamente al gasto del sector defensa, que incluye, además de la conducción ministerial y de las Fuerzas Armadas, una serie de organismos públicos que no contribuyen a esa función, sino que cumplen tareas en beneficio de otros sectores donde el Estado ha resuelto cumplirlas con organizaciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional como, por ejemplo las del control de los espacios marítimos y aéreos, produciéndose, en consecuencia, las siguientes distorsiones de parte del SIPRI:

– La primera, establecer que la totalidad del presupuesto del Ministerio de Defensa se refiere a la función estatal establecida para garantizar la seguridad del país. Por lo tanto, cada recurso de ese presupuesto estaría disponible para ser empleado en beneficio de la capacidad militar asociada al cumplimiento eficiente de esa función, lo que no es efectivo.

– La segunda, sumar al gasto militar el aporte económico que el Estado efectúa para el pago de pensiones y montepíos de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional que, dicho sea de paso, dada la edad de los beneficiarios, en no más de un 3.9%, incluidos hombres y mujeres, podrían ser incorporados dentro de las dotaciones de personal de la fuerza militar frente a una contingencia que obligue a su empleo.

– La tercera, dar por sentado que la totalidad del presupuesto aprobado para el año fiscal será gastado a favor de la capacidad militar, en vez de considerar en sus cálculos lo que efectivamente fue el gasto ejecutado en ese rubro, situación que, analizadas las cifras de nuestro país el año 2010, alcanzó un porcentaje del 1.4% del PIB.

– La cuarta, incluir, como parte del gasto militar, el ingreso total a las arcas fiscales de los fondos provenientes de la ley reservada del cobre, recursos que nunca han sido gastados en su totalidad, como se indica en el siguiente gráfico.

Fuente: Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda

Las tergiversaciones previamente expuestas sobre el gasto militar de Chile, que se han trasformado en una constante en los últimos años, han conducido a nuestro país a una permanente promoción de la transparencia a fin de enmendar las injustas apreciaciones sobre ese gasto, básicamente mediante la promoción de modelos de medición del mismo, sea a nivel bilateral como regional, habiendo liderado recientemente la puesta en práctica de un modelo de medición del gasto militar de los países suramericanos, aprobado en noviembre de 2011 por los Ministros de Defensa de la región, cuyo principal objetivo es disponer de la información relacionada con el gasto que cada país efectúa para mantener sus capacidades militares.

Durante las distintas reuniones de trabajo para arribar a ese modelo, en la que participaron todos los países de la región, fue posible derribar los siguientes mitos sobre nuestro gasto militar:

– Mito 1: Chile gasta más en defensa que los demás países de la región. No es así, puesto que si bien gasta más que otros, no es el que gasta más, ocupando una posición intermedia dentro de los países suramericanos e inferior con respecto al promedio de los países de la OCDE.

 

– Mito 2: Chile gasta desproporcionadamente. Tampoco es efectivo, puesto que nuestro gasto militar, incluidos aquellos gastos efectuado con cargo al aporte de la ley reservada del cobre, ha sido proporcional a las necesidades de mantención de una capacidad militar concordante con la reconocida posición de Chile en cuanto a conducir los esfuerzos de su defensa en función a una política eminentemente disuasiva.

 

– Mito 3: El gasto de Chile no es transparente. Al contrario, es sumamente transparente, dada la calidad y cantidad de información pública que se entrega, a través de las respectivas publicaciones y páginas web, tanto la Dirección de Presupuestos como del Ministerio de Defensa, incluidos los ingresos/gastos de los fondos provenientes de la ley reservada del cobre. Se suman a la difusión antes mencionada, los antecedentes publicados sobre el presupuesto y el gasto histórico del sector en las distintas versiones del Libro de la Defensa Nacional.

Es de esperar que con la puesta en vigencia del modelo de medición del gasto militar suramericano y la incorporación de la información correspondiente al registro común acordado por los países, las erogaciones de cada uno para mantener sus capacidades militares sean consideradas como información válida en las distintas instancias interesadas en la publicación de cifras sobre este gasto, evitando distorsiones que comúnmente dan pie a erradas opiniones o, en el caso de Chile, mitos como los expuestos precedentemente, perjudicando la imagen de nuestro país al que de nada le sirve demostrar con la mayor transparencia su gasto militar, si las interpretaciones que se hacen se fundamentan en modelos y cifras que se alejan de la realidad del mismo.