Institucionalidad Espacial Chilena: Tarea Pendiente

Por: Juan A. González Silva[1]

El avance de la tecnología del espacio y las ciencias asociadas a esa actividad han tenido un crecimiento exponencial desde que, a la luz de las evidencias históricas, tiene su origen en la rivalidad ideológica entre Oriente y Occidente generada al término de la IIa Guerra Mundial. Es así que estas diferencias, entre otros múltiples fenómenos sociales, se vislumbran como el inicio de la carrera espacial entre las dos grandes potencias –la U.R.S.S. y los Estados Unidos de América– enfrentadas durante el período de la Guerra Fría.

Al lanzamiento del primer satélite soviético, el Sputnik I el año 1957, pasando por la puesta del hombre en la luna por los norteamericanos mediante su Proyecto Apolo a fines de la década de los 60, hoy se suman los múltiples esfuerzos, tanto por estas mismas potencias como por otras naciones, por enviar más vehículos de alta tecnología a orbitar e investigar la tierra y otros cuerpos celestes, de promover el turismo espacial, y eventualmente realizar viajes tripulados a otros planetas, dando fe que si bien todo partió gracias a la rivalidad de ambos colosos, el interés por hacerse parte de estos avances se ha multiplicado, incluso a países con un menor desarrollo.

Latinoamérica no ha estado ajena a este fenómeno. Algunos de sus gobiernos han percibido la importancia estratégica de la utilización del espacio como vector de progreso y en la medida de sus posibilidades han tratado de ser protagonistas en esta materia, creando sus propias agencias espaciales y desarrollando sus propios satélites, aprovechando el intercambio y aprendizaje de tecnologías otorgadas por países que en este rubro llevan la delantera.

La idea  –en etapa de estudio–  de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestro país abre una puerta a la posibilidad de concentrar en una sola organización que se ocupe de manera integral de la actividad espacial nacional, de tal modo de aprovechar transversalmente sus beneficios de la forma más eficaz y eficiente posible.

Son varios los países de la región que cuentan con agencias nacionales del espacio operativas; entre ellos se encuentra Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Una de las últimas en crearse es la Agencia Nacional Espacial del Paraguay (AEP), la que comenzó a funcionar como tal en abril de 2014.

Algunas de estas agencias ya han puesto satélites en órbita. Entre ellas es interesante destacar la Agencia Boliviana Espacial (ABE), creada el año 2010, cuya primera misión de lanzamiento fue el satélite denominado Tupak Katari, lanzado en diciembre de 2013 y que comenzó a operar solo cuatro años más tarde del nacimiento de dicha Agencia en abril de 2014, el que fue construido y puesto en órbita por encargo de Bolivia a la Corporación Industrial Gran Muralla, subsidiaria de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China.

¿Por qué destacar este ejemplo en particular? Pues es evidente que el gobierno de Bolivia, siendo uno de los últimos en incursionar en este tipo de desafío, ha demostrado que si se parte primero por mejorar  –o como en su caso crear–  la institucionalidad que dé soporte de manera coordinada y con objetivos claros a una actividad como esta, sus resultados se dan en un muy corto plazo.

El caso de nuestro país ha sido diferente. Si bien el incipiente comienzo se remonta al año 1959 con la firma de un Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de Chile y la NASA, el que dio origen al Centro de Estudios Espaciales (CEE) de la Universidad de Chile y a la instalación de la primera Estación de Rastreo Satelital en nuestro territorio, el desarrollo espacial chileno propiamente tal comienza con los primeros satélites lanzados por nuestro país  –a partir del FASAT Alfa el año 1995, luego el FASAT Bravo en 1998 y el actualmente en funcionamiento FASAT Charlie en diciembre de 2011–  y corresponden a iniciativas que no han partido al alero de una agencia espacial, sino que al impulso –salvo instancias de colaboración aisladas–  casi exclusivo de la Fuerza Aérea.

El desarrollo de esta tecnología hoy no importa únicamente a gente preocupada de lo que sucede en el espacio como ocurrió al comienzo. Dadas sus múltiples aplicaciones, hoy en día su interés incluye a un rango más amplio de actividades de diversas áreas. Sin embargo, si vemos nuestra realidad, lo que respecta a la tecnología y la ciencia espacial aparentemente no está del todo bien abordado.

La geografía, las condiciones sismológicas, emergencias, desastres y otros riesgos naturales y provocados por el hombre a los que nos enfrentamos periódicamente, hacen de Chile un país necesitado del aporte que puede otorgar la tecnología espacial. Por otra parte, la ciencia espacial posee grandes aplicaciones no solo en su empleo militar  –aunque su utilidad en materia de seguridad y defensa es innegable–, sino que también en el área minera, la agricultura, el cuidado del medio ambiente, entre otras múltiples aplicaciones.

Respecto a la institucionalidad, resulta interesante hacer un breve seguimiento de su accidentada historia. Esta nace en fecha posterior a los dos primeros lanzamientos satelitales y recién en el año 2001 el gobierno de la época crea la Agencia Chilena del Espacio, en calidad de comisión asesora presidencial, pero fue eliminada ese mismo año para ser reemplazada por el Consejo de Ministros para el Desarrollo Digital y Espacial “Agencia Chilena del Espacio” (ACHDE), dependiente del Ministerio de Defensa, también en calidad de comisión asesora presidencial.

Luego, en diciembre de 2008, por decisión del gobierno de la época, migra al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuyo Subsecretario asume la presidencia del organismo. El año 2011 la ACHDE vuelve a trasladarse, esta vez al Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), dependiente del Ministerio de Agricultura.

Finalmente, el año 2013, la Agencia es movida nuevamente, esta vez a la Subsecretaría de Telecomunicaciones dependiente del ministro de Transportes y Telecomunicaciones y, es a partir de 2014, por decisión presidencial, que su constitución abarca la participación de múltiples ministerios a los que, bajo la presidencia del ministro antes señalado, se suman a su Consejo los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Economía, Fomento y Turismo, Desarrollo Social, Educación y Bienes Nacionales. Entre las variadas funciones de este nuevo Consejo, una de las más importantes es la de proponer al Presidente de la República la Política Nacional Espacial, así como los planes, programas y acciones específicas para la ejecución y cumplimiento de dicha política[2].

Dada la diversidad de preocupaciones de los organismos integrantes de este Consejo, y a la alta responsabilidad que a cada uno de ellos les cabe en sus respectivas áreas de desempeño, hacen difícil pensar que su interés por esta actividad específica –y por ende su efectividad– sea la esperada.

De la lectura de este sucinto resumen, queda en evidencia que en nuestro país no ha sido fácil comprender el nivel de importancia que significa contar con la debida institucionalidad  –que además debe estar bien dotada de recursos y atribuciones–  a cargo del desarrollo de la tecnología espacial, de su planificación integrada y de sus presentes y futuras aplicaciones, las que sin duda van en beneficio directo tanto de la seguridad y la defensa, como también del desarrollo nacional.

Si bien cuando dependió del Ministerio de Defensa fue el período en que su institucionalidad estuvo mejor respaldada, es de esperar que ello esté considerado en la estructura del anunciado Ministerio de Ciencia y Tecnología, de tal forma de dar un giro al errático deambular del que ha sido objeto esta trascendental actividad de desarrollo, la que, de acuerdo con algunas evidencias, un buen número de nuestros pares regionales ha asumido con mayor asertividad.

[1]   Investigador del CEE de la ANEPE.

[2]    Decreto N° 148 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, “Crea Comisión Asesora Presidencial Denominada Consejo de Ministros para el Desarrollo Digital y Espacial”. 29 de marzo de 2014, Artículos 1° y 2°.