La guerra insurgente en Colombia. Una perspectiva desde la teoría de negociación de conflictos

Por: Prof.  Ariel Álvarez Rubio, Subdirector Académico ANEPE

            Las actuales conversaciones de paz con las FARC-EP, anunciadas por el gobierno de Colombia el 4 de septiembre del año pasado, que se iniciaron el 18 de octubre del mismo año en Oslo, Noruega, y que continúan hasta ahora en La Habana, Cuba, han dado origen a una gran cantidad de especulaciones en donde destacan las expectativas negativas respecto de los eventuales resultados que derivaran de estas negociaciones con la guerrilla.

            Entre las críticas más duras al actual gobierno de Colombia, sobresalen las opiniones vertidas por Alfredo Rangel, experto en el conflicto colombiano y asesor en temas de seguridad del ex Presidente Álvaro Uribe, quién ha señalado: “Creo que el proceso no se va a sostener. En algún momento del año habrá una ruptura, porque ni siquiera hay acuerdo base sobre la agenda de cinco puntos”[1].

            En ocasión anterior, el mismo Rangel señaló que: “Hay una enorme desconfianza en la opinión pública respecto de eventuales negociaciones de paz con las FARC, en el momento en que la guerrilla está escalando sus acciones terroristas en todo el país y adicionalmente parece que estas negociaciones se van a iniciar sin que haya una tregua, sin un cese de las acciones terroristas de la guerrilla contra la población, lo cual estaría repitiendo los errores del pasado, cuando se realizaron diálogos en medio de la confrontación”[2].

            El propio ex Presidente Álvaro Uribe también ha emitido fuertes críticas a este proceso argumentando que: “El diálogo con la guerrilla servirá nada más que para la reelección de Hugo Chávez en Venezuela……El gobierno se encuentra alimentando artificialmente el conflicto…..Los generales van a terminar en la cárcel y los guerrilleros en el congreso”[3].

            Al respecto, si se analizan los resultados de las guerras insurgentes a lo largo de la historia, se puede constatar que no siempre han terminado con la derrota absoluta de uno de los dos bandos, lo que implica la toma del poder absoluto por parte de la guerrilla o la victoria del Estado y la permanencia del statu quo. En efecto, la imposibilidad de una victoria clara de una de las partes en varias ocasiones ha obligado a realizar una negociación para dar por terminada la confrontación.

            Es el propio Alfredo Rangel, quién ha señalado que en términos muy generales: “la teoría de la negociación sostiene que las guerras empiezan porque ambas partes tienen valores que excluyen del espacio una posible negociación. En la mayoría de los casos, las guerras empiezan porque una de las partes demanda más de lo que la otra está dispuesta a conceder, ambas tienen términos de eventuales acuerdos que en principio son incompatibles, y cada bando espera satisfacer estos términos a través de la guerra, de la que espera mejores resultados que concediendo al oponente sus exigencias”[4].

            Rangel también nos plantea que en el caso de la insurgencia, en muchos casos la creencia de estar del lado del progreso histórico, de vislumbrar el triunfo del socialismo como un destino ineluctable de la humanidad y de sentirse, en tanto individuos organizados, como los ejecutores de esa misión, ha sido un factor ideológico que, a pesar de la precariedad de sus medios al inicio de la confrontación, los ha sostenido en su empeño de desatar y ganar una lucha armada contra el Estado. Las victorias alcanzadas por grupos insurgentes en otros países han sido también, según opinión de Rangel, un elemento que ha incrementado sus expectativas al comenzar las hostilidades y los han hecho rechazar en las primeras etapas cualquier posibilidad de acuerdo.

            Pero las partes en guerra están de manera permanente frente a dos opciones: 1) continuar el combate o 2) llegar a un acuerdo. En cada momento deben sopesar las consecuencias de cada opción. La de continuar la guerra incluye la evaluación de los costos adicionales frente a los potencialmente mejores o peores términos de un arreglo ulterior. Un acuerdo podría dejarlo potencialmente indefenso en una eventual próxima ronda de confrontaciones y tener importantes consecuencias en la política interna.

            Este aspecto, según Rangel, es supremamente crítico para cualquier grupo insurgente. Por lo general, un acuerdo con el Estado que incluya el desarme y la desmovilización de la insurgencia, significa su desaparición como grupo armado y la virtual imposibilidad de reiniciar a futuro la lucha armada, en caso de que el resultado del desarrollo de los acuerdos no sea totalmente satisfactorio. Si esto ocurre, los dirigentes no podrán evitar el desprestigio y desaparecerá su autoridad para aglutinar y movilizar nuevamente a sus seguidores.

            Para que la guerra termine no por medio de un triunfo definitivo y absoluto de una parte sobre la otra que obligue a su capitulación, sino por medio de una negociación, Rangel sostiene que al menos para una de las partes las expectativas sobre la continuación de la guerra y sobre la posibilidad de un acuerdo deben cambiar: “la guerra debe ser menos atractiva, o más atractivo e acuerdo”[5].

            En términos de la negociación, una condición indispensable es que se abra el espacio para ella y esto requiere que las expectativas de la ganancia de un acuerdo se incrementen en relación con las expectativas de la utilidad de continuar el combate. Estas últimas cambian cuando alguna de las partes cambia sus estimativos de sus probabilidades de victoria y de los costos esperados de la guerra.

            Según Rangel, “una guerra insurgente continuará desarrollándose mientras el máximo que una parte esté dispuesta a ceder sea menor que lo que la otra piensa conseguir mediante la confrontación, deducidos los costos que deba asumir en la misma”[6]. Ahora bien, lo que cada parte está dispuesta a ceder y lo que la otra demanda dependen de la estimación que cada una haga de su fuerza relativa, la resolución y los costos esperados de la guerra.

            En síntesis, los planteamientos de Rangel apuntan a que “una parte disminuirá sus objetivos bélicos cuando disminuya su estimación de su fuerza relativa y aumenten la estimación de la resolución de su oponente y su cálculo de los costos de la guerra”[7]. En este orden de ideas, se puede deducir que el desarrollo de la confrontación no sólo le revela a cada parte nueva información sobre sus posibilidades sino que vuelve pública esta información.

            Ahora bien, la guerra insurgente que afecta a Colombia, con más de cuarenta años de existencia, es probablemente uno de los conflictos armados más complejos a nivel mundial. Tiene su origen con el surgimiento de movimientos guerrilleros que se consideran principales, y entre los cuales se encuentran las FARC-EP [8].

            Esta guerra insurgente ha sido acompañada por una complejidad creciente debida, por una parte, a la extorsión ejercida por la guerrilla sobre civiles y sus actividades económicas; y por otra parte, debido a la inserción del narcotráfico en la promoción de acciones de algunos grupos de autodefensa contra las guerrillas y de alianzas de seguridad entre guerrilleros y narcotraficantes alrededor de los cultivos ilícitos.

            Durante los años 90, el conflicto interno se agudizó como consecuencia del fortalecimiento de los vínculos financieros entre las organizaciones armadas al margen de la ley con el negocio del cultivo y tráfico ilegal de drogas. Los conflictos sociales y la inseguridad ciudadana también se incrementaron durante estos años como consecuencia del narcotráfico pues este no sólo debilitó las instituciones de justicia y policía sino que profundizó la corrupción, contaminando las relaciones sociales y comunitarias básicas del tejido social.

            En este contexto, en el año 1998, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se estableció el Plan Colombia, el cual en lo referido al conflicto armado con las facciones guerrilleras buscaba establecer un proceso de negociación de dicho conflicto. La idea de esta negociación política, se veía como un elemento esencial para lograr la paz en Colombia y consideraba establecer acuerdos con los grupos armados y garantizar la sostenibilidad de los mismos, mediante la discusión y concertación sobre las reformas que permitieran la superación de las causas que alimentaban la violencia en el país.

            En la práctica, el proceso de paz derivado del Plan Colombia se extendió hasta el año 2002, pero aparte de ciertos avances teóricos y documentales, las tensiones y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso. De hecho, la creación de la llamada zona de distensión consistente en una zona desmilitarizada de 40.000 km2, derivó en que las FARC-EP lograran una presencia urbana e implantaran, incluso, una administración armada contra la población civil como parte de su proyecto revolucionario[9].

            Con la llegada de Álvaro Uribe al poder, se inicia una nueva etapa en la lucha contra las FARC-EP, toda vez que se implanta en forma secuencial, tanto una Política de Seguridad Democrática como una Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Gracias a la estrategia derivada de ambas políticas, en la actualidad las FARC-EP viven el peor momento de su historia. Las FARC-EP de hoy, están en el mismo punto donde empezaron hace más de 50 años, pero con una gran diferencia, la organización de hoy no tiene futuro[10].

            A la fecha, el Estado colombiano le ha asestado severos y contundentes golpes a las FARC-EP, en el plano político, militar e internacional[11]. Por lo tanto, la organización terrorista, se encuentra cada vez más lejos del objetivo que une a miles de sus integrantes bajo el mando de su Secretariado. Sin embargo, las FARC-EP aún no han sido derrotadas, y todavía representan una seria amenaza a la seguridad nacional de Colombia, ya que mantienen una no despreciable capacidad militar y fuentes de financiamiento que les reportan importantes recursos, como es el caso particular del narcotráfico.

            Frente al problema de la guerrilla, a partir del gobierno de Álvaro Uribe se puso en marcha en Colombia una respuesta militar adecuada al imperativo político que planteaba la amenaza guerrillera; en este contexto, la opción política consideró dejar abierta la posibilidad de una solución política, pero golpear a la guerrilla en el terreno militar para obligarla a negociar. Desde el punto de vista de la teoría de la estrategia militar, para acometer en contra de la guerrilla el gobierno de Álvaro Uribe consideró la puesta en marcha de una “guerra limitada”[12] descartando una “guerra de aniquilamiento”[13]; en este contexto, se partió del supuesto que no era posible el aniquilamiento del enemigo y por lo tanto se privilegió su debilitamiento progresivo.

            El resultado de todas estas acciones, a juicio del autor, han permitido que hoy en día las FARC-EP se hayan visto presionadas a sentarse a la mesa de negociaciones, pero sólo el tiempo y la calidad de la discusión determinarán los verdaderos resultados de las mismas.

            Como sea, la posibilidad de que este conflicto alcance una solución a mediano plazo tiene implicancias directas para nuestro país, el cual durante el primer trimestre del año 2012, se convirtió en el primer inversionista en Colombia, lo cual se encuentra avalado por los activos adquiridos por empresas chilenas y que corresponden a más de USD $ 5.700 millones en 13 meses[14]. Según datos de las propias autoridades colombianas, Chile es el principal inversionista extranjero, superando ese mismo año por primera vez a España.

            Por otra parte, la participación que tendrá nuestro país, en el proceso de paz en Colombia, y que ha sido calificada como de “acompañante”[15], tiene un gran efecto ya que Chile no se ha vinculado en etapas iniciales de negociaciones de paz entre un gobierno y un grupo armado. Más bien,  fuerzas militares y policiales chilenas han supervisado procesos de desarme e implementación de acuerdos de paz en el marco de misiones de Naciones Unidas.

            Finalmente, parece oportuno resaltar lo que ha señalado nuestro Canciller Alfredo Moreno: “Chile es un país comprometido con la paz. Nuestra participación es una expresión práctica de la buena relación que tenemos con Colombia. El sumarse a un proceso de paz muestra que la política exterior de Chile es seria, que busca apoyar la paz y colaborar con todas las iniciativas de paz de la región y del mundo. En esta tarea, nosotros ponemos nuestro mejor esfuerzo”[16]

Bibliografía:

  1. EL MERCURIO; “La paz con las FARC y las repercusiones de La Haya marcarán el 2013 de Santos”, en Cuerpo A, edición impresa del 2 de enero de 2013, Santiago, Chile.
  2. LA TERCERA; “Canciller explica rol de acompañante en diálogo de paz entre Colombia y las FARC”, en www.latercera.com/noticia/politica/2012/09 , 6 de septiembre de 2012.
  3. El Mercurio;  “Chile es un país comprometido con la paz y es un orgullo estar presentes”, en Cuerpo A, edición impresa del 5 de septiembre de 2012, Santiago, Chile.
  4. EL MERCURIO; “El Presidente Santos admite contactos con las FARC para iniciar un eventual proceso de paz”, en Cuerpo A de la edición impresa del 28 de agosto de 2012, Santiago, Chile.
  5. RANGEL, Alfredo; “Guerra Insurgente. Conflictos en Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia”, Intermedio Editores, Bogotá, Colombia, 2001.


[1]  EL MERCURIO; “La paz con las FARC y las repercusiones de La Haya marcarán el 2013 de Santos”, edición impresa del 2 de enero de 2013, Cuerpo A, Santiago, Chile, pág. 6.

[2]  EL MERCURIO; “El Presidente Santos admite contactos con las FARC para iniciar un eventual proceso de paz”, edición impresa del 28 de agosto de 2012, Cuerpo A, Santiago, Chile, pág. 4.

[3]  Ídem.

[4] RANGEL, Alfredo; “Guerra Insurgente. Conflictos en Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia”, Intermedio Editores, Bogotá, Colombia, 2001, pp. 44-45.

[5] Ibídem, pág. 46.

[6] Ibídem, pág. 48.

[7] Ibídem, pág. 50.

[8] En sus comienzos las FARC se organizaron con un modelo típico de guerrilla a semejanza de otros grupos insurgentes latinoamericanos surgidos a partir de la década de los años 50. Sin embargo, en 1982, en la Séptima Conferencia Nacional de Guerrilleros, se decidió la transformación de esa organización guerrillera en un ejército pasando a denominarse FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo). A partir de ese momento, se constituyeron como un ejército jerarquizado con 60 Frentes orientados hacia las principales ciudades del país (N. del A.).

  [9] Uno de los mayores cuestionamientos al actual proceso de negociación, deriva fundamentalmente de la desastrosa experiencia sufrida por los acuerdos logrados por las FARC-   EP frente al  gobierno de Andrés Pastrana (N. del A.).

[10]  El Presidente Uribe logró establecer una “Política de Seguridad Democrática”, que resultó notoriamente exitosa. Derivada de esta política de gobierno, se creó una estrategia global que otorgó el piso necesario para sostenerla y donde resalta la creación de un Comando Conjunto, la activación de un Plan de Campaña y la estructura de una Fuerza adecuada (denominada “Fuerza de Tarea Omega”) cuyo esfuerzo principal rindió exitosos frutos (N. del A.).

[11] A partir del año 2008, se han ejecutado exitosas acciones tácticas favorables al gobierno, de entre las cuales se pueden destacar las siguientes: 1) la muerte del 2° de las FARC, Raúl Reyes, como resultado de la Operación “Fénix” ejecutada en territorio de Ecuador el año 2008; 2) el rescate de 15 rehenes en poder de las FARC mediante la exitosa Operación “Jaque” el año 2008; 3) la muerte del jefe militar de las FARC, el “Mono Jojoy”, mediante la Operación “Sodoma” y consistente en un ataque a su campamento en el departamento de Meta el año 2010; y 4) la muerte del jefe máximo de la guerrilla, Alfonso Cano, como resultado de la Operación “Odiseo” ejecutada en el valle del Cauca el año 2011 (N. del A.).

[12] Una guerra limitada parte del supuesto que el aniquilamiento del enemigo no es posible y por eso se orientaría más bien hacia su debilitamiento progresivo. Este planteamiento estratégico considera la acumulación de conquistas territoriales parciales como útil para desgastar al enemigo, para impedirle sus posibilidades de reorganizarse y para minarle su voluntad de continuar el conflicto. Esta estrategia de agotamiento se desarrolla a base de la batalla y de la maniobra. (Cfr. VON CLAUSEWITZ, Karl; “De la guerra”, editorial Labor/Punto Omega, Barcelona, España, 1984, pp. 22 y ss.).

[13] Una guerra de aniquilamiento requiere de un ejército de masa y de una muy amplia disposición de los recursos de la Nación para suplir con solvencia los ingentes requerimientos del esfuerzo militar. La evaluación de resultados se haría, principalmente, por la cantidad de fuerza armada enemiga destruida. La conquista de territorio no tendría utilidad y siempre se estaría buscando la batalla decisiva que definiera el conflicto (Cfr. VON CLAUSEWITZ, Karl; “De la guerra”, editorial Labor/Punto Omega, Barcelona, España, 1984, pp. 22 y ss.).

[14] Algunas de las mayores adquisiciones en Colombia corresponden a Cencosud, que ha efectuado inversiones del orden de USD $ 2.613 millones, Corpbanca  con inversiones por USD $ 2.504 millones y CFR Pharmaceuticals con inversiones por USD $ 562 millones (N. del A.).

[15] El rol de Chile en el diálogo de paz que inició Colombia con las FARC-EP fue definido por el Ministro de Relaciones Exteriores como de acompañante, un concepto distinto al de garante y que implica “estar a disposición de las partes para ayudarles en todo lo que vayan necesitando” (Cfr. LA TERCERA; “Canciller explica rol de acompañante en diálogo de paz entre Colombia y las FARC”, edición electrónica del 6 de septiembre de 2012, www.latercera.com/noticia/politica/2012/09 (última visita: 02/01/2013).

[16] El Mercurio;  “Chile es un país comprometido con la paz y es un orgullo estar presentes”, edición del 5 de septiembre de 2012, Cuerpo A, Santiago, Chile, pág. 5.