Por Felipe Arancibia Clavel1,15 de octubre 2019

En América Latina se da la paradoja de ser considerada como la región más pacífica del planeta, desde una mirada de la seguridad externa, pero al mismo tiempo, desde la perspectiva de la seguridad interior, se observa como una de las zonas más violentas del mundo.

Efectivamente, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la Habana el año 2014, se proclama América Latina y El Caribe como “zona de paz”, como una aspiración política2. Paralelamente, y de acuerdo a diversos índices y guarismos estudiados, la violencia promovida por el crimen organizado, el narcotráfico y otros ilícitos asociados a fenómenos multidimensionales sitúa a la región como una de las más inseguras, condición que debiese constituir un signo preocupante para las administraciones.

El entorno antes señalado lleva a postular que algunos Estados latinoamericanos no estarían cumpliendo con su deber en cuanto a que la población logre su desarrollo y bienestar bajo una condición de paz y seguridad, mostrando incapacidad para enfrentar nuevas amenazas en forma más eficiente. Algunas de las razones podrían estar relacionadas con poseer estructuras estatales opacas, rígidas y lentas, con notorias falencias en su institucionalidad, destacando fuerzas de orden y seguridad (policías) débiles, incompetentes, corruptas y, en general, sobrepasadas por organizaciones delictuales, que generalmente poseen redes transnacionales, las que, potenciadas con el empleo de tecnología de punta, limitan o impiden la acción estatal.

Ante esta realidad, la mayoría de los países latinoamericanos ha optado por utilizar a las Fuerzas Armadas (FAs) para enfrentar las amenazas multidimensionales, militarizando así la acción policial. Las FAs., se basan en fundamentos, principios y características comunes, pese a la diversidad de realidades de la región. Estas cumplen roles principales y otros secundarios, para lo cual poseen recursos humanos y materiales bajo un marco organizacional, siendo ellas un instrumento del poder político, que operan con cierta autonomía en los niveles estratégicos, operacionales y tácticos, y que son sustentables logísticamente.

En general cuentan con capacidades para efectuar diferentes tareas. Sus recursos materiales y humanos organizados y coordinados son capaces de producir los efectos demandados por el poder político. Por lo tanto, las FAs., desde esta perspectiva pueden actuar tanto en su función principal como es la defensa de la soberanía, así como para colaborar en roles de seguridad interna, si su autoridad política lo requiere.

Existe coincidencia en señalar que, desde la creación del Estado moderno hasta el término de la Guerra Fría, generalmente la seguridad externa de los países, estaba en la órbita castrense, basada en mantener la soberanía y la integridad física del Estado frente a amenazas externas. Usualmente los temas de orden interno se habían mantenido en la esfera de las policías o fuerzas de seguridad, al menos en lo conceptual, salvo en situaciones excepcionales, contexto en que las FAs., cumplirían diferentes roles.

En una época marcada por la globalización, el término de las ideologías y la disminución de amenazas tradicionales, cabe preguntarse: ¿Las FAs., están preparadas solo para la guerra o tendrían un rol más amplio en la acción estatal?3 La respuesta que se evidencia en América Latina, refleja que la separación entre funciones de defensa externa y seguridad interna ha quedado algo atrás, escenario que ha sido modificado por el surgimiento de nuevas amenazas con carácter multidimensional, donde no hay claridad en sus límites y por ende en los roles de los actores que tradicionalmente las enfrentaban.

Podríamos afirmar que en la región, y de forma creciente, los roles y funciones de las Fas., se han ampliado hacia la participación en operaciones militares de no guerra, realizándose en coordinación con otras agencias del Estado y socios multinacionales, básicamente para disuadir la ocurrencia de acciones derivadas de las amenazas multidimensionales, o bien en actuar en apoyo de las policías en funciones de orden interior, así como estimular la resolución pacífica de conflictos, promover la paz, cooperar en emergencias y desastres, tanto a nivel nacional como internacional. Lo anterior hace evidente que, entre la guerra y la paz hay otras funciones que requieren el empleo de los medios de la defensa y desde esta perspectiva desarrollar nuevas capacidades para estos disruptivos escenarios.

Pese a lo anterior, en general las FAs. poseen estructuras, recursos humanos y materiales disponibles para ser utilizados por la autoridad política en actividades y funciones que van más allá de sus roles tradicionales. Por sus características de flexibilidad, interoperatividad, versatilidad, capacidades polivalentes, y despliegue, entre otras, permiten ser utilizadas como instrumento de las políticas públicas (requiriendo sin duda, equipos, entrenamiento y doctrina específica para la tarea encomendada). Para evitar externalidades negativas, su actuación debería ser acotada en tiempo y espacio, con objetivos claramente definidos, siendo su empleo una excepcionalidad.

Con todo, la evidencia indica que, en gran parte de los países latinoamericanos, se ha tendido a “militarizar” la acción policial o bien a “policializar” la función militar, manteniendo en el tiempo –más allá de lo recomendado– el empleo de sus FAs. para combatir acciones como el crimen organizado o actividades ilícitas asociadas, sin contar con un entrenamiento y equipamiento específico, obteniendo resultados ineficientes4, que derivan en corrupción, abusos en DD.HH., acciones de represalias y también falta de respaldo jurídico en su actuar, entre otras posibles repercusiones.

1 Profesor ANEPE
2 El último conflicto armado entre Estados, fue entre Ecuador y Perú en 1995.
3 Se recomienda el libro de John Griffiths “Fuerzas Armadas: ¿Preparadas solo para la guerra o efectivo instrumento para, además, asegurar la paz y la seguridad estatal?
4 Un ejemplo son las FAs., de México, luego de más de 12 años de empleo en la lucha contra el narcotráfico, los años 2017 y 2018 son los más violentos de su historia.