Por Fernando Duarte Martínez-Conde [1]

El 27 de febrero del 2010 vivimos uno de los desastres más grandes de los últimos tiempos, y que afectó a gran parte de la zona centro-sur del país, con enormes pérdidas materiales y humanas, las que aún se hacen notar en especial en aquellas personas y lugares que tuvieron la desgracia de sufrir los efectos de la naturaleza destructiva.

La nueva administración del país, que asumía en marzo de ese año, el mismo día de la transmisión del mando sintió los efectos de un movimiento telúrico, réplica del 27F, causando preocupación y temor en los mandatarios y delegaciones invitadas que asistían a la ceremonia de traspaso del poder en el Congreso Nacional. Esta debió asumir al corto andar la pesada carga de la reconstrucción.

El 22 de marzo del 2011, el Ejecutivo envía el mensaje que propone la creación de un nuevo Sistema de Protección Civil, iniciándose así su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Desde esa fecha, el proyecto ha sufrido modificaciones, diferentes tipos de urgencia, informes de las comisiones, nuevos oficios e indicaciones, para pasar recién en marzo del 2013 al Senado a fin de iniciar su segundo trámite constitucional. Pasaron dos años y el país seguía sufriendo diferentes tipos de amenazas y acciones destructivas producidas por los embates de la naturaleza, como también los generados por el hombre, mientras la deseada nueva institucionalidad seguía en espera en el Congreso.

Afortunadamente, la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), que no podía estar de brazos cruzados, se vio obligada a tomar –con los medios disponibles y las experiencias acumuladas–, diferentes medidas, tales como acciones en cada una de las etapas del proceso de gestión del riesgo, con la finalidad de prevenir y mitigar los efectos cada vez más recurrentes que han afectado al país, algunos de ellos asociados directamente al Cambio Climático que con fuerza ha impactado a Chile y gran parte del mundo.

Expertos en estas materias han indicado que, producto de lo anterior, el mundo sufrirá con mayor frecuencia diferentes efectos destructivos, y Chile por su posición y condición geográfica será uno de los países más expuestos a estos fenómenos. Basta recordar que somos parte del Cordón de Fuego del Pacífico; tenemos muchos volcanes activos y placas como la Sudamericana y de Nazca, que de tiempo en tiempo nos recuerdan lo vulnerables y expuestos que estamos.

¿Podremos seguir esperando una nueva institucionalidad en la gestión y reducción del riesgo y mitigación de desastres? ¿No es urgente legislar al respecto? ¿Tendremos que sufrir la ocurrencia de otro evento de gran envergadura para que el tema nuevamente sea de interés?

Es apropiado recordar que cuando ocurre un hecho de magnitud como el vivido, la percepción del peligro es muy alta en los ciudadanos, y todos se preparan para el próximo que podría venir, en un lapso relativamente corto. Pero cuando ha pasado un tiempo sin que ello ocurra, la percepción de la gente en la prevención disminuye. Ya deja de ser prioridad la preparación, nos olvidamos rápidamente de lo vivido y dejamos de hablar sobre el cuidado de las personas, sus bienes y el medio ambiente. Eso es del pasado.

Hoy, el proyecto sigue en su segundo trámite constitucional después de casi 7 años de tramitación. Existe la esperanza de que la nueva administración asuma con la mayor de las energías la importancia que requiere contar la nueva institucionalidad, considerando que en el primer periodo de la actual administración se evidenció la necesidad de hacer cambios al sistema imperante teniendo en cuenta que el país no puede seguir esperando y necesita con suma urgencia un sistema como el que se propone, el que sin lugar a dudas puede ser perfectible, pero que permita enfrentar las nuevas amenazas y, principalmente, evitar las pérdidas de vida humanas.

Seguramente nuestros legisladores continuarán introduciendo cambios a lo propuesto, pero lo más importante es que sirva al país y que cree la institucionalidad que tanto esperamos, ello con un fuerte incentivo en la prevención y no actuar solo como respuesta cuando el daño ya se ha producido.

Estamos ciertos que hay muchos eventos que son difíciles de predecir, pero con una correcta y efectiva prevención se podrán mitigar y disminuir los daños cuando ellos se produzcan. Sabemos que vendrán y cada vez con mayor frecuencia y destrucción. ¿Estamos realmente preparados?

La ONEMI en estos últimos años ha demostrado una gran eficiencia y cambios en su accionar, centrándose en la prevención y efectiva alerta, respuesta y rehabilitación.

Como expresara su Director al señalar que el sistema vigente “en los últimos años, ha sido puesto a prueba en toda su intensidad, posicionándonos como una de las naciones más expuestas a las catástrofes, con registros nunca vistos. Esta situación objetiva, sumada al hecho de que seamos el país con menos víctimas, nos ha convertido en un laboratorio socio-natural ante escenarios de riesgo, siendo validados internacionalmente como referentes en esta materia, como lo ha hecho la ONU en varias oportunidades”. Es decir, el Sistema Nacional de Protección Civil ha funcionado y las instituciones y organismos que lo integran han tenido la capacidad para comprender que todos somos importantes y algo tenemos que decir en un país como el nuestro.

Lo expuesto obliga a contar con una legislación que tome las experiencias y entregue las bases para aprovechar al máximo las capacidades que tenemos como país, con una postura del más alto nivel y, como señaló el Director de la ONEMI, con una ley que determine las obligaciones y funciones de los comités e integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, incorporando los recursos para la gestión junto a una planificación sistémica que reúna a todos los niveles de la gestión. Ello en gran medida es lo que se encuentra en el Congreso Nacional y que amerita su pronta aprobación.

El programa de Reducción de Riesgos de la Universidad de Chile da cuenta de que deben existir transformaciones, como el fortalecimiento y desarrollo de mecanismos de planificación territorial. Ello se entiende desde los niveles en donde es más factible la ocurrencia de amenazas naturales, las que deben ser abordadas con prontitud, eficiencia y eficacia. Se ha señalado que el uso escalonado de los medios es un principio que no se puede olvidar, pero también desde el nivel inferior en la cadena de mando y responsabilidades, la planificación resulta prioritaria.

Debemos trabajar en transformar comunidades en comunidades resilientes como lo establece el nuevo marco internacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Marco de Sendai 2015-2030) y del cual Chile se ha hecho parte con entusiasmo y mucho profesionalismo, gracias a la labor de la Oficina Nacional de Emergencia. Al respecto, esta ha dado pasos importantes en la Gestión del Riesgo de Desastres y ello se puede palpar con los avances y funcionamiento del actual Sistema Nacional de Protección Civil. El sistema ha “funcionado”, pero, como la ONEMI indica, es necesario un cambio que permita fortalecer y robustecer la institucionalidad.

Creo que ya es hora de contar con un modelo efectivo para la nueva institucionalidad que queremos en la Gestión del Riego y Amenazas.

No podemos seguir esperando.