Paz Colombia y los dilemas del postconflicto

Por: Esteban Arratia Sandoval / Investigador

A 15 años de poner en marcha el Plan Colombia y ad portas de firmar un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que pondrá término a medio siglo de conflicto que le ha costado la vida a más de 220.000 personas y ha desplazado a 6 millones de colombianos aproximadamente[1], el presidente Santos ha solicitado un nuevo paquete de ayuda a Estados Unidos, con el objetivo de consolidar y hacer sostenible la paz en el país andino. Se trata de Paz Colombia, una nueva iniciativa de cooperación bilateral cuya partida inicial contemplaría US$450 millones, los cuales deberán ser ir incluidos en el año fiscal 2017. Esto significa un aumento de US$150 millones en relación al desembolso realizado el año pasado para el Plan Colombia[2].

De acuerdo a una hoja informativa difundida por la Casa Blanca, Paz Colombia distribuirá aquellos fondos en los siguientes tres pilares[3]:

  • Consolidar y expandir el progreso en seguridad y antinarcóticos mientras ayuda a la reintegración de las FARC;
  • Expandir la presencia gubernamental para fortalecer el Estado de derecho y las economías rurales, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto;
  • Promover justicia y otros “servicios esenciales” para las víctimas del conflicto

En esta ocasión, los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama han intentado equilibrar la proporción entre recursos militares y socio-económicos contemplados en el nuevo paquete de ayuda. Una cuestión vital, si tomamos en cuenta que antecesor de Paz Colombia, el Plan Colombia, se ha concentrado en el combate al narcotráfico y la insurgencia, dos agudos problemas que padecía el país sudamericano cuando empezó a implementarse en 2000. Durante su implementación, EE.UU ha invertido en él US$10.000 millones, de los cuales 7.000 ha sido destinado a asistencia policiaco-militar y tan sólo 3.000 para desarrollo socio-económico, protección de derechos humanos y fortalecimiento institucional[4].

No obstante cabe preguntarse, ¿Paz Colombia representa una solución adecuada a los desafíos que enfrenta el país andino de cara al posconflicto?

Aunque el término del conflicto armado con las FARC obviamente disminuirá los niveles de violencia, la fase de transición tendrá un inevitable ingrediente de seguridad vinculado a la capacidad estatal para seguir combatiendo a otros actores armados no estatales como las Bandas Criminales o Bacrim que, una vez firmada la paz, se centrarán en ocupar el vacío de poder criminal dejado por la desmovilización de las FARC. De hecho, es muy difícil que todos los miembros de la guerrilla estén de acuerdo con las negociaciones, por esta razón es plausible que se generen dos disidencias: una ideológica y otra codiciosa.

Respecto a la primera se ha especulado que algunos elementos de la guerrilla se cambiaran a las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en lugar de desmovilizarse, y con ello transferirán décadas de experiencia criminal a sus homólogos. Como también, en el segundo caso, es probable que facciones díscolas de las FARC se criminalicen por completo, y comiencen a operar bajo el mando de las Bacrim, abriendo paso, de esa manera, a la creación de un nuevo fenómeno que sin duda representará una amenaza para Colombia en los próximos años: Farcrim.

Impedir que tal augurio se materialice, sin prolongar el conflicto armado, exige revertir las condiciones favorables para su nacimiento y establecer una relación distinta entre Estado y territorios en conflicto a partir de la protección de los ciudadanos en dos niveles. El primero son acciones sociales que servirán para restablecer la confianza entre el poder coercitivo del Estado y la población, y en un segundo nivel están las acciones vinculadas a las responsabilidades específicas del Estado en dichos lugares. Las primeras tienen un valor operacional inmediato para ocupar el terreno, motivar a las fuerzas de seguridad sobre su rol pacificador y modificar la actitud de los habitantes hacia ellas. Las segundas se proponen transformar los factores que reproducen la violencia y los delitos[5].

En esa línea, el gobierno colombiano y estadounidense parecen haber rescatado los postulados de Vanda Felbab-Brown, diseñando Paz Colombia como una competencia en construcción estatal (Competition in State-Making) entre organismos públicos y actores no estatales por la lealtad de la población pues, “la relación de los criminales con la sociedad es compleja, en muchos casos el primero provee a la segunda no solo de oportunidades económicas sino también de servicios públicos como salud, educación, seguridad e incluso justicia, que los Estados, especialmente aquellos en situación de conflicto no proveen”[6] como sucede en Colombia.

Bajo esa lógica los grupos armados ilegales tienen un campo abonado de presencia, actividad y captación en áreas donde el acceso a bienes públicos y servicios sociales no están garantizados, siendo capaces de asumir funciones paraestatales. En contraste, si se proveen estos servicios a la población y se mejora su bienestar, esto desalentará a los ciudadanos a colaborar en actividades ilícitas para obtener ingresos y como resultado se reducirá su apoyo a organizaciones criminales, dificultando aún más su penetración. No debe perderse de vista que el desarrollo de economías criminales se encuentra directamente vinculado a la carencia de medios de subsistencia alternativos en zonas postergadas.

Un posconflicto exitoso no dependerá exclusivamente de la vigilancia, la aplicación de la ley en el sentido clásico o la puesta en marcha de operativos policiaco-militares. Si bien el elemento represivo será un componente crucial en esa fase transitoria, es posible que deba complementarse con otras políticas socioeconómicas a objeto de brindar igualdad de oportunidades y atender las necesidades básicas a fin de restaurar el contrato social entre el Estado y aquellas zonas donde la guerra ha generado ausencia institucional, coincidiendo, en muchos casos, con áreas afectadas por cultivos ilícitos. De ese modo, se busca romper la dependencia de las poblaciones en relación a los enclaves criminales creados por el conflicto bélico. Al respecto, cabe señalar que el número de hectáreas de coca en Colombia creció un 40% en 2015 y 70% de ellas se encuentran en territorios controlados por las FARC[7].

En consecuencia, Paz Colombia constituye una apropiada caja de herramientas compuesta por dos ejes estratégicos que guiaran a los responsables políticos al momento de afrontar el escenario postconflicto, por un lado, la persistencia por parte del Estado colombiano en los esfuerzos contra las Bacrim cuya creciente actividad está teniendo una fuerte repercusión en la recta final del proceso de paz con las FARC que se lleva a cabo actualmente en La Habana, y por el otro, el reforzamiento de su autoridad efectiva en comunidades vulnerables mediante la provisión de bienes y servicios públicos a objeto de que la escala de la economía ilícita disminuya y su capacidad de daño se minimice.

[1] LASUSA, Mike. Violencia criminal ha desplazado a millones de personas en Latinoamérica. Insight Crime Crimen Organizado en las Américas [en línea]. 13 Mayo 2016. [Fecha de consulta: 14  Mayo  2016]. Disponible en: http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/violencia-criminal-desplazado-millones-personas-latinoamerica-informe

[2] RAMÍREZ, Socorro. Plan Colombia y Paz Colombia. Nueva Sociedad [en línea]. 5 Marzo 2016. [Fecha de consulta: 10  Mayo  2016]. Disponible en: http://nuso.org/articulo/plan-colombia-y-paz-colombia/

[3] FACT SHEET: Peace Colombia – A New Era of Partnership between the United States and Colombia. The White House – Office of the Press Secretary [en línea]. 4 Febrero 2016. [Fecha de consulta: 9 Mayo  2016]. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/04/fact-sheet-peace-colombia-new-era-partnership-between-united-states-and

[4] AYUSO, Silvia y LAFUENTE, Javier. Santos visita a Obama para reeditar un Plan Colombia para el posconflicto. El País Internacional [en línea]. 2 Febrero 2016. [Fecha de consulta: 12 Mayo 2016]. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/02/colombia/1454442425_197048.html

[5] VILLALOBOS, Joaquín. Bandidos, Estado y ciudadanía. Nexos [en línea]. 10 Enero 2015. [Fecha de consulta: 11  Mayo  2016]. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=23788

[6] FELBAB-BROWN, Vanda. Crime–War Battlefields, Survival, 55 (3).2013.pp.152-153

[7] MCDERMOTT, Jeremy. ¿Colombia vuelve a ser el principal productor mundial de cocaína? Insight Crime Crimen Organizado en las Américas [en línea]. 7 Mayo 2015. [Fecha de consulta: 10  Mayo  2016]. Disponible en: http://es.insightcrime.org/analisis/colombia-vuelve-principal-productor-cocaina