Procesos de paz con las FARC: ¿Un Modelo a seguir para resolver este tipo de conflictos?

Por: Profesor Eugenio De La Cerda Rodríguez.

El reciente acuerdo firmado el 23 de junio en La Habana, entre el tercer país con más población de Latinoamérica –una de sus democracias más antiguas, que ha logrado subsistir con un conflicto armado interno de casi seis décadas a través de 12 gobiernos y que ha pasado por varios intentos de obtener el término de las acciones que la han desangrado por años, especialmente en sus regiones rurales, estancando su desarrollo integrado al resto de la población– abre las puertas para que Colombia pueda continuar avanzando de manera más acelerada ahora, al encontrarse en un punto cercano a lograr la aplicación de estrategias que permitan iniciar el término de los conflictos, contando para ello declaradamente con el apoyo de la comunidad internacional.

Este apoyo se ha manifestado no solo en relación con los aspectos de la aplicación de los compromisos definitivos que se adopten -como seguramente corresponderá a Chile, en su papel de garante en estas negociaciones- sino que incluye el ofrecimiento de recursos económicos para sustentar el financiamiento de la subsecuente implementación del proceso de paz.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “constituidas espontáneamente” en el contexto de una larga historia de confrontaciones, iniciada en el período denominado La Violencia, consecuencia de la guerra civil no declarada entre las coaliciones liberales y conservadoras entre fines de los años cuarenta y los sesenta –cuyas víctimas se han estimado entre 200 y 300 mil almas– reconocen como fecha de creación el ataque por fuerzas militares a milicias liberales en el pueblo de Marquetalia, en 1964. En los años siguientes, las FARC lideraron la nefasta cifra de secuestros extorsivos -37% de los casi 40.000 entre 1970 y 2000, cuyo número mayor se produjo entre 1996 y 2005, llegando a tener más de 400 policías y militares secuestrados, según investigación citada de El Diario, de España- encontrándose en los ochenta las primeras relaciones con el narcotráfico, las que nunca han sido confirmadas por la dirigencia de la guerrilla([i]).

A lo menos en cuatro ocasiones diversos gobiernos colombianos han iniciado negociaciones de paz y buscado acuerdos humanitarios –a partir de la aceptación de la influencia que han tenido los varios grupos guerrilleros en ese país, buscando el término del conflicto armado y su integración a la vida política de la nación–. Los principales fueron liderados por los presidentes Betancur (1984), primero en reconocer la existencia e importancia de los movimientos guerrilleros, que abrió el camino a Virgilio Barco (1986-1990) quien bajo un programa denominado como “Iniciativa para la Paz” logró la desmovilización del M-19 en marzo de 1990 y del EPL en mayo del mismo año. Después vinieron los intentos de Gaviria (1990–1994) y Pastrana (1998–2002).

En este, que fue el último proceso formal antes del actual, se creó una zona de distensión en la cual fueron despejados 42.000 kilómetros cuadrados y se estableció una agenda llamada “Política de paz para el cambio”, contemplando temas sobre derechos humanos, reformas políticas y agrarias, paramilitarismo y derecho internacional humanitario. Las irregularidades en la zona de despeje, la falta de voluntad de las FARC y la improvisación del Estado, así como el aumento de la actividad paramilitar, produjeron que tras el secuestro de un ex congresista las conversaciones llegaran a su fin, lo que solo se ratificó con el secuestro de Ingrid Betancourt (Feb.2002) durante su campaña presidencial.

A todo lo anterior se deben sumar los esfuerzos para eliminar las denominadas “autodefensas”, que nacieron también durante los comienzos de la guerrilla con el apoyo de los propietarios rurales y campesinos, pero que fueron incorporando la colaboración de algunos militares y policías y que durante los ochenta fueron integradas y financiadas igualmente por los carteles del narcotráfico. Durante el mandato de Uribe (2002–2010) se celebran negociaciones y acuerdos con los grupos paramilitares, que tras la promulgación de la ley de justicia y paz en 2005 desmovilizan alrededor de 30.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y algunos de los principales jefes paramilitares son incluso extraditados a los EE.UU. Durante este año, han reaparecido con alguna fuerza en algunas regiones rurales bajo la denominación gubernamental de Bacrim (Bandas criminales).

Por otra parte, en su gobierno, con las FARC se lograron acuerdos humanitarios con el fin de liberar secuestrados y se intentó dialogar con guerrilleros del ELN, lo que resultó fallido por discrepancias entre las partes.

Actualmente el Gobierno de Juan Manuel Santos abre el camino para un proceso de paz con las FARC-EP iniciado el 4 de septiembre del 2012 y del cual se han logrado avances significativos hasta la fecha([ii]).

En la situación actual el proceso, que ha derivado en la firma de los acuerdos de La Habana, se inició bajo estrictas medidas de reserva y con reuniones en diversos países en febrero de 2012, bajo el patrocinio de Noruega y Cuba. Posteriormente se incorporaron como garantes Venezuela por parte de la guerrilla y Chile a solicitud del gobierno. Entre agosto y septiembre de ese año fue confirmado, por las partes, que se estaba llevando una mesa de concertación y diálogo en Cuba para lograr el término del accionar de las FARC y su integración a la sociedad.

Paralelamente, incorporando el patrocinio de EE.UU., se han llevado a cabo negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde enero de 2014 a marzo de 2016, con una serie de encuentros privados en Ecuador, Brasil y Venezuela, a las que asistieron, además, Noruega, Cuba y Chile, como países garantes, alcanzando un acuerdo para iniciar la fase pública de la negociación para alcanzar la paz. Los diálogos comprenden una agenda y una serie de requisitos que, aunque les confieren cualidades propias, en esencia son muy similares a los que se negocian en Cuba con las FARC. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos, tras confirmar las conversaciones, expresó: “Ya hemos acordado en La Habana unas medidas y una institucionalidad, tanto en materia de satisfacción de los derechos de las víctimas como del fin del conflicto, y es en ese marco que tendremos las discusiones con el ELN”, “No vamos a acordar una nueva Comisión de la Verdad, ni un nuevo Tribunal para la Paz, ni nuevos procedimientos para el cese al fuego y de hostilidades definitivo, ni una nueva Misión Internacional de Verificación. Los procesos con las FARC y el ELN son distintos pero el fin del conflicto es solo uno”([iii]).

Eventualmente, con la firma de los acuerdos de La Habana, basados en la agenda que se estableció en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en 2012([iv]), se han logrado llegar a consensuar los “Acuerdos sobre cese el fuego bilateral y definitivo, lucha contra el paramilitarismo y refrendación”, cuyos puntos principales se indican a continuación:

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a los siguientes acuerdos:

1.- Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas: El Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas.

Tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades…, incluyendo la afectación a la población, …el inicio de la implementación… y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Mecanismo de Monitoreo y Verificación… tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y un Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El Componente Internacional preside en todas las instancias el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la Dejación de las Armas… la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del Acuerdo.

Se establece una adaptación de los dispositivos en el terreno, estableciendo 23 Zonas Veredales donde se reunirán los frentes, de civil y desarmados; el D+1 la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento a dichas Zonas. A partir del D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades Tácticas de Combate de los frentes se desplazarán hacia dichas Zonas, por rutas preestablecidas. Cada Zona contará con Equipos de Monitoreo Local y tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; las autoridades civiles (no armadas) permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones. Estas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Se podrán sumar los integrantes que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. En los campamentos no podrá ingresar población civil y se suspenderá el porte y la tenencia de armas.

En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las FARC en coordinación con el Gobierno, podrán realizar todo tipo de capacitación de los integrantes en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad. La Fuerza Pública continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante este proceso.

Dejación de las Armas (DA) consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. … se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos: transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres fases. Las FARC-EP contribuirá por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG)… en cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas.

Por último, sobre la base del acuerdo… y en el marco de la Resolución 2261… solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en su implementación.

2.- Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz

Dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional; medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios; garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición, al movimiento político que surja del tránsito a la actividad política legal y a los integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. Adicionalmente contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo… Se basa en los siguientes principios: Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos; Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio; Fortalecimiento de la administración de justicia; Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública; Enfoque de género; Participación ciudadana; Rendición de cuentas; Garantías de No Repetición.

Las medidas de seguridad y protección se han construido sobre cinco pilares: 1. Un Pacto Político Nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada… para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica; 2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad presidida por el Presidente tendrá como objeto el diseño y seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo.; 3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo… Esta Unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias; 4. La creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que… dé garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios. …incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil.

El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias: El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo; La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo…; Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional.

3.- Acuerdo sobre “Refrendación”: para zanjar las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional… en el espíritu hasta ahora anunciado y… aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que…señale ([v]).

Es de esperar que todo lo que sufrió la población colombiana, en especial aquella de las zonas que fueron ocupadas por las FARC, y el impacto que esto ha tenido en sesenta años en el normal devenir de un país señalado para alcanzar más tempranamente su desarrollo, pueda ser resarcido al término del largo camino recorrido para llegar a esta instancia.

Aún queda verificar si la implementación de los acuerdos podrá realizarse en los plazos concordados y con la participación y voluntad de todos los componentes de la organización guerrillera, además de lo que corresponderá lograr por el gobierno en cuanto a la real integración de sus componentes a la vida normal del país, en los más diversos ámbitos, incluyendo lo político, las reformas en la agricultura, en el poder contar con el respaldo económico necesario y en relación a los aspectos legales que requiere su implementación. Ya se han iniciado diversos análisis respecto de la posibilidad real de poder implementar los acuerdos adecuadamente, que requiere necesariamente el sustento de una compleja batería de medidas del más variado orden y el apoyo tanto interno como internacional, para poder alcanzar en definitiva la paz y permitir acelerar el tránsito hacia el desarrollo([vi]).

En lo económico ya se han asegurado importantes apoyos financieros, e incluso el presidente Santos ha expresado que el solo término del conflicto generará un crecimiento de un 1% en el PIB de Colombia, lo que según algunos analistas podría ser todavía superior a esta cifra.

En cuanto al tema legal, uno de los aspectos que parece estar generando discusiones se relaciona con la forma cómo se aplicarán las amnistías a los integrantes de los diversos frentes que componen las FARC, para lograr en ellos una rápida reinserción a la vida de la nación, a la vez que su aceptación de la comunidad, especialmente de parte de aquella que sufrió los mayores efectos de las prácticas empleadas por el grupo guerrillero. (Ver implicancias en: ([vii]) y ([viii]))

Un tema que no puede ser dejado de lado son las consecuencias –ojalá positivas– que se producirán respecto de la interrelación guerrilla–narcotráfico, en lo que respecta al manejo de la tierra y la reducción del cultivo de la coca, que por muchos años constituyó una de las bases de financiamiento de la agrupación terrorista y que aún se encuentra dominada por carteles que seguramente buscarán continuar con la producción y distribución de la droga, que ingentes ganancias le ha redituado, como ya se ha prevenido en otra columna de opinión de esta misma página([ix]).

Finalmente, en espera de las definiciones que conlleva la aplicación de este celebrado y apoyado acuerdo, no queda sino plantearse que existe otra vertiente que se debe continuar analizando, que se estima está constituida por el hecho que un grupo que permanentemente combatió a la estructura organizada democráticamente de un país –en este caso Colombia– haya logrado obtener su completo reconocimiento por la fuerza de las armas y del terror, llegando a sentarse a una mesa de negociaciones “de igual a igual”, incluso con patrocinio internacional, con un gobierno coaccionado a ceder en algunos aspectos –en cuanto negociación- bajo la premisa de lograr una siempre esquiva paz y, especialmente, para poner fin a situaciones de índole humanitaria.

Ello da pie para que los múltiples grupos existentes o que se conformen en el futuro con fines parecidos, logren imponer -aunque fuera en parte- sus condiciones ante una o varias naciones, lo que debe llevar a las siguientes preguntas: ¿Afectarán este tipo de procesos de paz en situaciones similares en curso o futuras, donde se reivindique la lucha armada de algunos grupos para el logro de sus objetivos de índole política, bajo consignas del más variado origen y dentro de toda la gama que permita sustentarse en ideales como igualdad, equidad, libertad, autonomía, religiosos, etc? ¿Constituirá todo este ejemplo un “modelo a seguir” como forma de alcanzar posibilidades de éxito en una reivindicación particular dentro de un Estado, en un ámbito nacional, logrando acelerar la obtención de objetivos que podrían haberse discutido en el marco de sistemas sustentados en la legalidad y representatividad?

Para finalizar, y junto con permanecer observantes de los sucesos que demande la implementación de los compromisos ya acordados, no queda más que esperar que en este caso específico el proceso pueda alcanzar buen término de manera exitosa, en bien de la gran nación col

([i]). CHIENTAROLI, Natalia. Colombia y las FARC, una historia de más de medio siglo de sangre, El Diario, España, 24 septiembre 2015 [Fecha de consulta: 2 julio 2016] Disponible en: http://www.eldiario.es/internacional/Colombia-FARC-historia-siglo-sangre_0_433957705.html

([ii]). Federación Colombiana de Municipios. Historia de los Procesos de Paz en Colombia MF.pdf, [Fecha de consulta: 2 julio 2016] Disponible en: https://www.fcm.org.co/Documents/Historia%20de%20los%20Procesos%20de%20Paz%20en%20Colombia%20MF.pdf

([iii]). Puntos claves de la negociación entre Colombia y el ELN. El País, España, 31 marzo 2016, [Fecha de consulta: 3 julio 2016] Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/30/colombia/1459357085_647516.html

([iv]). Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Disponible en:

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf

([v]). Este es el texto completo de los acuerdos firmados en La Habana. El Espectador, Colombia, 23 junio 2016 [Fecha de consulta: 5 julio 2016] Disponible en:  http://www.elespectador.com/noticias/paz/el-texto-completo-de-los-acuerdos-firmados-habana-articulo-639605

([vi]). ARRATIA, Esteban. Paz Colombia y los dilemas del postconflicto, ANEPE, 15 junio 2016, Disponible en: http://www.anepe.cl/2016/06/paz-colombia-y-los-dilemas-del-postconflicto/

([vii]). La amnistía por delito político: instrumento clave para el fin del conflicto armado en Colombia, según nuevo análisis del ICTJ. International Center for Transitional Justice, 29 marzo 2016 [Fecha de consulta 30 junio 2016] Disponible en: https://www.ictj.org/es/news/colombia-amnistia-indulto-analisis

([viii]). Informe anual Amnesty International, Colombia 2015/2016,  Disponible en: https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia/report-colombia/

([ix]). OJEDA, Carlos. Del combate a la legalización de las drogas: ¿De qué estamos hablando?, ANEPE, 30 mayo 2016. Disponible en: http://www.anepe.cl/2016/05/del-combate-a-la-legalizacion-de-las-drogas-de-que-estamos-hablando/