¿QUÉ PASA CON EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL?

Por: Fernando Duarte Martínez-Conde

 

Posterior al terremoto del 27 de febrero del 2010, el país vivió una verdadera sicosis, la gente se equipó de los elementos básicos para hacer frente a una emergencia de las proporciones que tiene un terremoto de magnitud 8.8. Por otra parte, el Ejecutivo envió un mensaje al Congreso casi un año después del mega terremoto, en el cual se daban las bases para crear un nuevo sistema, moderno y de acuerdo con los tiempos y que permitiera contar con un Sistema Nacional. En el proyecto se consideraba una Agencia Nacional que sería la encargada de reemplazar a la actual ONEMI, otorgándole mayores responsabilidades y una estructura adecuada para hacer frente a contingencias como las que estamos acostumbrados a vivir y que seguramente seguirán ocurriendo.

Hoy, no solamente nos debemos preocupar de situaciones producidas por causas de la naturaleza, sino que también por las ocasionadas por el hombre, que en algunos casos pudieran ser aún más destructivas que las propias de origen natural.

Ante todo, no se debe olvidar que Chile es parte del Cordón de Fuego del Pacífico y uno de los países con mayor sismicidad del mundo. A lo anterior le debemos sumar la abultada cantidad de volcanes, muchos de ellos activos y que en cualquier momento pudieran entrar en erupción, sin desconocer también los efectos que se han producido por el cambio climático que está  afectando diferentes  regiones del país y que se suman a otros factores de riesgo.

Lo anterior nos lleva a preguntarnos si el sistema que se había presentado para cambiar la estructura y los sistemas de apoyo a la emergencia y, principalmente, destinados a salvar a las personas, sus medios y al medio ambiente, pueden seguir esperando.

La ONEMI, a pesar de la incansable y muchas veces incomprendida labor que realiza con los recursos y medios que se han puesto a su disposición, mantiene una legislación que debe ser modificada y estar de acuerdo con las tecnologías y tiempos que vivimos. El Plan Nacional de Protección Civil aún vigente debe modificarse con las nuevas exigencias, instituciones y tareas que el país requiere para enfrentar de buena forma los desafíos que demanda un evento destructor.

Al mensaje presidencial inicial del 2010 y al sustitutivo del 2014 lo encontramos en su segundo trámite legislativo, con cambios sustanciales al texto original. Sin lugar a dudas se crea un nuevo sistema y una nueva institucionalidad, compuesta por entidades públicas y privadas, y por normas, políticas, planes, recursos e instrumentos de gestión que van desde el nivel local hasta el nacional.

Lo que se encuentra en trámite y que aún no ve la luz, ha sido analizado por diferentes comisiones legislativas en las que se incluye la de Defensa, existiendo diferentes opiniones y que, con la voluntad que se requiere, deberán perfeccionar la propuesta inicial. Entre los debates en el Senado se señaló que es vital asegurar los recursos tanto económicos como humanos para dar respuesta a todo el ciclo del riesgo; en ello es importante indicar lo que se debe invertir durante la etapa de preparación; cómo llegar a la gente, realización de ejercicios de simulación, etc., es decir, que permitan crear conciencia al respecto de que hay que estar preparados.

Es necesario destacar que la Gestión de Riesgos y Emergencia, como está señalado, corresponde al proceso continuo de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas, regulaciones, instrumentos, estándares, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo, así como a la organización y gestión de los recursos, potestades y atribuciones que permitan hacer frente a los diversos aspectos de la emergencia y la administración de las diversas fases del ciclo del riesgo.

Uno de los aspectos interesantes de la propuesta es la figura del “Jefe de la Emergencia”, nombrado por el gobernador, el intendente o el Ministro del Interior, según la magnitud y características de la emergencia.

Otro aspecto a considerar junto con las políticas y el Plan Nacional, en que se dispone la elaboración, por parte del Servicio Nacional de Mapas y Riesgos, de instrumentos en los que se contendrá el diagnóstico de los peligros y efectos de estos, así como la representación gráfica de la distribución espacial de las consecuencias que pueda causar una emergencia o desastre. De la misma manera, establece un Sistema de Alerta temprana que permita difundir las alarmas oportunas para que la comunidad pueda actuar adecuadamente y con suficiente antelación para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños.

En general, se puede indicar que la discusión va por un buen camino y que al analizarse lo qué dice relación al empleo de las Fuerzas Armadas y del propio Estado Mayor Conjunto (Ministerio de Defensa Nacional), como también el empleo de los recursos en cada una de las fases, se podría contar con un sistema nuevo y moderno acorde con las exigencias que como país debemos enfrentar ante hechos que volverán repetirse una y otra vez y en donde la prevención adquiere un rol relevante a la hora de hacer frente a una amenaza natural o antrópica.

También la etapa de respuesta debe ser analizada en detalle. Es tarea del sistema volver a la normalidad en el menor tiempo. La gente no puede esperar y buscará de las autoridades respuestas concretas y rápidas, es por ello que éste debe involucrar al país como un todo y, como muy bien se señala, a privados y organismos estatales y dentro de ellos a las Fuerzas Armadas.

Aun cuando en el Senado hay discrepancias en cuanto a la labor que deben ejercer las instituciones de la defensa, podemos señalar que se ha avanzado pero hay aspectos que deben ser resueltos, como el caso de la participación de éstas en lo relacionado con las capacidades no bélicas puestas al servicio al servicio de la comunidad en situaciones de  emergencia.

Pese a la discusión legislativa, vemos con preocupación el paso del tiempo y que no tengamos una ley sobre el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil. Sería casi insostenible que tuviéramos nuevamente un evento natural o antrópico de gran envergadura cuando aún se continúa discutiendo el proyecto en el Congreso; esta situación conllevaría un enorme costo político pero, mayor a eso, otra vez estaríamos lamentando pérdidas de vidas humanas cuya protección está consagrada en nuestra Constitución.

Ya es tiempo de que tengamos un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, mediante la cual la nueva institucionalidad encargada de todas las fases de las emergencias o desastres, incluyendo la prevención de las mismas, y los distintos procedimientos para enfrentar en forma eficiente un evento destructor, cuente con una base sólida y las herramientas para enfrentarlo. De igual forma, cumpliría una parte específica de la función de preservar el orden público y la seguridad interior que la ley encarga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Fuente: Sesiones del Senado de la República.