Terremoto en el Norte Grande: Hacia un modelo integral de respuesta

Por: Dr.© Andrés de Castro García[1]

Un terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter ha tenido lugar en el Norte Grande del país con epicentro a 160 kilómetros al suroeste de Cuya en la región de Arica y Parinacota a lo que se unieron varias réplicas de menor intensidad, causando tsunamis de gran consideración, fenómenos que tuvieron como resultado la muerte de al menos seis personas y graves daños materiales.

La Doctrina ha discutido durante siglos cuál debe ser el rol del Estado en cuanto a la protección de sus ciudadanos y en este sentido cabe señalar la aportación de Roma como compilador de algunas culturas que les precedieron siendo conformadores del concepto de civis y creadores de un sistema en el que se regulaban las relaciones inter se y entre ellos y el Estado[2] llegando hasta la filigrana jurídica.

Siglos de evolución, regresión y posterior re-evolución llevaron a Europa a reencontrarse con las bases de su civilización en el siglo XVII en la Ilustración cuyo punto más álgido se alcanza en el XVIII, el Siglo de las Luces.

Quizás uno de los autores más influyentes en este aspecto sea el británico John Locke que a través de su obra Two Treatises of Government contribuyó a sentar las bases del Estado moderno y a especificar las bases de la responsabilidad de protección del Estado de los bienes jurídicos individuales bajo su óptica liberal y basada en el empirismo como teoría filosófica.

Posteriormente Jean-Jacques Rousseau explicita aún más el rol del Estado justificando su existencia a través de las dos ventajas que se pueden obtener de éste, la protección y el verdadero disfrute de la cuota de la libertad no renunciada como manifiesta en su Discours de l’Économie Politique:

Si les hommes ont accepté de se soumettre à l’État, c’est parce qu’il y avait avantage: soit la protection, soit la liberté[3].

Tras la Revolución Francesa se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante el año 1789 y se incluyó en el artículo segundo el derecho a la seguridad que junto con el resto de derechos y deberes expresados y una vez debidamente desarrollados e implementados conforman la base del Derecho Constitucional en Occidente y del Derecho Internacional Público, evidenciado siglos más tarde en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

En el artículo tres de la mencionada Declaración se incluye el derecho a la seguridad de la persona que junto con los bienes jurídicos vida y libertad conforman un entramado básico de derechos.

Es por tanto el Estado, a través del Ordenamiento Jurídico, el que tiene la obligación de generar las estructuras administrativas necesarias para asegurar la adecuada respuesta ante las diversas situaciones que pueden poner en peligro la seguridad de sus ciudadanos.

Esta última afirmación nos sitúa ante la pregunta de qué instituciones y de qué manera han de participar en el momento de enfrentarse a situaciones de crisis de distinta naturaleza que puedan llegar a tener lugar.

En esta discusión, la Dra. Sonia Alda,[4] opina que la mejor forma de garantizar la seguridad es recurrir a Institutos Armados de naturaleza militar como Carabineros de Chile o la Guardia Civil española.

De hecho, uno de los grandes argumentos que justifican la negativa a utilizar fuerzas armadas (FAS) en la lucha contra fenómenos más ligados a la naturaleza policial es que perdemos la posibilidad de recurrir a la ultima ratio que nos ofrecen las FAS en caso de un incremento de la necesidad y la elevación del nivel de crisis.

En plena concordancia con lo anterior es necesario reiniciar el debate sobre el uso de efectivos militares en situaciones que requieran que el Estado recurra a las capacidades de un grupo humano cuya obligación es la de conformar varias virtudes entre las que cabe señalar la disciplina, la abnegación y la voluntad de servicio y que pueden de ser de gran utilidad al hacer respuesta a ciertos fenómenos.

En este sentido podría optarse por dos modelos que puedan sustituir la complejidad del marco actual en el que para desplegar efectivos militares es necesario recurrir a la atribución especial de la Presidenta de la República recogida en el artículo 32.5 de la Constitución Política de la República de Chile (CP):

En primer lugar una simplificación jurídica del despliegue de efectivos manteniendo las funciones actuales de las FAS pero asumiendo que hay situaciones muy puntuales en las que sus capacidades pueden ser utilizadas para servir a la población a la que se deben.

En segundo lugar podría diseñarse un sistema similar al que tiene España y que fue descrito en una columna de opinión de esta Academia el  9 de septiembre de 2013 titulada “La Unidad Militar de Emergencia Española (UME). Antecedentes a tener en cuenta” escrita por el profesor de la ANEPE Fernando Duarte Martínez-Conde[5] que a la vez permitiría el uso de más militares en situaciones de crisis y catástrofes de distinta naturaleza por lo que también obtendríamos las ventajas del primer modelo.

Como en toda planificación de capacidades de nuestras instituciones, tenemos que ser conscientes de que todos los modelos que adoptemos tendrán ventajas e inconvenientes y será obligatorio realizar una evaluación permanente del diseño y la implementación que nos permita alcanzar un mayor desarrollo y consecutivo aumento de la capacidad.

En ambos casos habrá quien denuncie la desnaturalización de las FAS y aduzca que no es posible formar a nuestras tropas en determinadas disciplinas sin disminuir otras, argumento que goza de los mayores niveles de credibilidad.

Sin embargo, es necesario que nuestras Instituciones se adapten a los nuevos riesgos y tengan capacidad de prospectiva que les permita adelantarse a las distintas situaciones a las que se pueden ver expuestas en el futuro.

El modelo español ha sido observado con mucho interés y supuso, en el momento de su diseño, una arriesgada apuesta por la innovación y la construcción de capacidades en el seno de las FAS.

Nueve años después comprobamos que los efectivos de las Fuerzas Armadas destinados en la UME cumplen con su deber de defender a España incluso con la entrega de la propia vida en su ámbito específico de actuación en lo que el artículo 3 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas[6] identifica como el primer deber del militar.

De hecho, durante la mañana de hoy Su Alteza Real el Príncipe de Asturias supervisaba en Valencia (España) el simulacro sísmico “Luñol 2014” en el que participaron 3177 mujeres y hombres del Ejército de Tierra, la Armada Española, el Ejército del Aire, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, Protección Civil y el resto de instituciones contempladas en los Planes Estatales de Protección Civil tal y como citan fuentes de la Casa de Su Majestad el Rey[7]

También destaca la participación en este ejercicio del Departamento de Seguridad Nacional que participa a nivel político y que depende directamente de La Moncloa.

En este sentido, se hace necesario trabajar en el diseño, implementación y constante evaluación de un modelo que cumpla con las necesidades y retos a los que se enfrenta Chile en la actualidad con el objetivo de tener la capacidad de prospectiva necesaria para adelantarse a los riesgos de seguridad y defensa del futuro sin olvidar la necesidad imperiosa de dotarnos de un moderno sistema jurídico que asegure los fines anteriormente señalados.

En ese escenario, las Fuerzas Armadas chilenas podrían adquirir nuevas responsabilidades susceptibles de redundar en un mayor nivel de protección de las personas también ante catástrofes naturales asegurando que cumplan también la misión tradicional para la que fueron originalmente previstas y bajo una constante evaluación de sus necesidades y resultados.



[1] Investigador del Departamento de Investigación de la ANEPE

[2] IGLESIAS SANTOS, Juan. (2010) Derecho Romano. Sello Editorial. Madrid. p. 520

 

[3] ROUSSEAU, Jean-Jacques. (1755) Discours de l’économie politique.

[4] ALDA MEJÍAS, Sonia. (2013) Respuestas sobre seguridad y fuerzas públicas en Honduras: ¿Un futuro sin violencia?

[5] DUARTE MARTINEZ-CONDE, Fernando. Disponible en: http://www.anepe.cl/2013/09/la-unidad-militar-de-emergencia-espanola-ume-antecedentes-a-tener-en-cuenta/

[6] Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

[7] Casa Real. Disponible en: http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=11914