“The Blurred Battlefield” – La Desconcertante Confusión del Derecho Humanitario y de los Derechos Humanos y lo que significa para la Estrategia y Política Militar

Por: Prof. Patrick Patterson

 

La mayoría de los conflictos armados fuera de las zonas de guerra en Irak y Afganistán se vinculan con otros problemas de seguridad interna como son insurgencias, crimen organizado, o terrorismo. Los conflictos armados convencionales entre Estados son cada vez menos frecuentes. Sin embargo, en muchos países los niveles de violencia interna se han incrementado a tal nivel en que las fuerzas armadas están siendo empleadas para cooperar o bien reemplazar a las fuerzas policiales. En muchos casos, dicho entorno de inseguridad interno caen por debajo del umbral de la Ley de Conflictos Armados (LOAC, por sus siglas en inglés) en el ámbito de los derechos humanos.

Las LOAC rigen las acciones de las fuerzas durante los conflictos, siendo su principal cometido el poder limitar la cantidad de uso excesivo de la fuerza entre los Estados, además de proteger los derechos de los no combatientes, entendiendo civiles, médicos, y miembros de la prensa, entre otros. Muchos de las LOAC fueron desarrolladas por representantes militares, en consideración a las lecciones aprendidas y vasta experiencia en combate, promoviendo así el minimizar o bien evitar sufrimientos innecesarios. Estas LOAC, en particular los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977, son bien aceptadas por la comunidad internacional; casi todos los países del mundo han ratificado los cuatro principales Convenios de Ginebra y se adhieren a sus principios.

Tendencias mundiales en los conflictos armados, 1946-2016”. La mayoría de los conflictos a menudo ya no se luchan contra los Estados o incluso grupos armados organizados. Más a menudo, los conflictos modernos involucran a actores no estatales como pandillas, crimen organizado, terroristas y movimientos indígenas que a menudo operan entre o con civiles.

La mayoría de las naciones están lidiando con problemas internos como el crimen organizado, los narcotraficantes o el terrorismo. Muchos de estos grupos delictivos operan entre la población civil haciendo muy difícil la distinción entre criminales y civiles. Según el Center for Systemic Peace, más del 97% de los conflictos contemporáneos implican disputas étnicas o civiles entre grupos dentro de los países. Sólo unos pocos conflictos – Rusia y Ucrania, Afganistán y Estados Unidos en 2001, Irak y Estados Unidos en 2003 – alcanzan el nivel de un “conflicto armado internacional” (IAC). La violencia interna en un Estado (carteles violentos de la droga en México, terror electoral en Kenia, pandillas peligrosas en El Salvador, o los terroristas en Francia), no ascienden al nivel de un IAC, pero pueden involucrar a los militares debido al número de actores involucrados, el nivel de violencia, o el tipo de armamento empleado.

Las reglas de la LOAC sólo se aplican durante un conflicto armado internacional (Estado sobre Estado) o durante un conflicto armado no internacional (NIAC). Si no existe conflicto armado, entonces las reglas LOAC no se aplican y las reglas que rigen caen en el ámbito del imperio de los derechos humanos o del derecho penal nacional del país.

 

Por definición, los conflictos armados no internacionales son conflictos internos contra grupos armados organizados. Los criterios para los NIACS figuran en el artículo 3 de los Convenios de Ginebra y en el Protocolo Adicional a los CP II (AP II). En general, el umbral de la NIAC se alcanza si un grupo armado organizado tiene “un nivel mínimo de intensidad y duración y cuando el grupo armado contrario está organizado y tiene capacidad para participar en operaciones militares”. El protocolo AP II establece un umbral aún más alto, exigiendo que las fuerzas opuestas estén bajo un mando responsable y ejerzan el control sobre un territorio que les permita llevar a cabo operaciones militares sostenidas y concertadas.

En América Latina y el Caribe, por ejemplo, sólo hay un NIAC activo (Colombia) en los 35 países de la región. No ha habido una guerra entre los países de la región desde el breve conflicto fronterizo Ecuador-Perú de 1995. Al mismo tiempo, las actividades de los grupos del crimen organizado han convertido al hemisferio occidental en uno de los lugares más violentos del mundo. Casi el 60% de los países de América Central y del Sur han empleado sus fuerzas armadas en actividades de control para combatir la delincuencia.

 Leyenda del gráfico: Conflicto en América Latina. América Latina no ha tenido un conflicto entre estados por más de 20 años. A pesar de ello, la región tiene algunos de los niveles más altos de violencia y homicidio en el mundo. Más de dos tercios de los países de la región (marcados en amarillo o rojo) han ordenado a sus fuerzas armadas salir a las calles para combatir a las organizaciones violentas. Colombia (en rojo) es el único país que se considera que tiene un conflicto armado no internacional (NIAC) que permite a los militares colombianos utilizar las leyes de conflicto armado (LOAC). Otros países (en amarillo) han desplegado sus fuerzas armadas en el país, pero deben seguir el derecho internacional de los derechos humanos (IHRL).

En muchos sentidos, el modelo de empleo de fuerzas se parece más al trabajo policial que a los encuentros entre fuerzas militares. El enemigo consiste frecuentemente en fuerzas irregulares que se mezclan entre la población en lugar de una fuerza convencional fácilmente distinguible de los civiles. Por esta razón, las operaciones contemporáneas requieren una mezcla de habilidades de aplicación de la ley muy diferentes de la formación militar convencional. Las operaciones domésticas de aplicación de la ley requieren una gran cantidad de discreción y diplomacia, y una comprensión práctica de los niveles de fuerza.

En el ambiente militar de guerra convencional, por otra parte, implica el uso frecuente de la fuerza letal y de la dependencia de la potencia de fuego contra adversarios. Sin embargo, usar la fuerza militar en operaciones relacionadas con la seguridad interna es una solución peligrosa, llena de complicaciones. Los soldados necesitan un entrenamiento extensivo para aprender a luchar contra un enemigo que está mezclado entre la gente, situaciones que requieren y exigen un alto nivel de disciplina y precaución. Para fuerzas militares no preparadas para este tipo de operaciones, hay reducidas opciones entre un “alto y disparar”. Los soldados que carecen de la formación o la educación adecuada, pueden verse comprometidos en violaciones de los derechos humanos y poner en peligro su legitimidad entre la población civil.  Por lo tanto, el despliegue de medios militares en estos casos conlleva graves riesgos para los civiles en las regiones afectadas por el delito, así como por la reputación de las instituciones armadas y los gobiernos que representan.

Los jóvenes soldados no conocen lo que no saben. Es decir, a menos que estén informados de los beneficios operacionales que provienen del respeto a los derechos humanos, no entenderán las ventajas de tal doctrina. Puede que no tengan experiencia operativa suficiente para reconocerlo por sí mismos. Exponerlos a las decisiones complejas que tendrán que enfrentar en el campo de batalla a través del entrenamiento basado en escenarios les ayudará a tomar la decisión correcta cuando tengan esos encuentros por primera vez.

En los conflictos contemporáneos, la población, no el enemigo, es el centro de gravedad. Las fuerzas militares, a menos que sean entrenadas y educadas en el uso discrecional de la fuerza, pueden verse comprometidas en violaciones de derechos humanos. Esto a menudo puede ocurrir inconscientemente debido a las preocupaciones legítimas de los soldados sobre la protección de la fuerza que anulan las inquietudes sobre evitar daños colaterales. Las violaciones involuntarias de los derechos humanos niegan cualquier otro logro táctico de las fuerzas armadas. En consecuencia, los soldados pueden ganar compromisos tácticos, pero los avances estratégicos seguirán siendo esquivos. Dichos errores pueden prolongar el conflicto, aumentando el riesgo para los miembros del servicio e incrementando las bajas a largo plazo.